Etxebarria seguirá al frente del Consorcio hasta que el Superior aborde el fondo de su destitución

El presidente del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, el peneuvista Iñaki Etxebarria, podrá continuar en su cargo hasta las elecciones de mayo. El Tribunal Superior vasco ha confirmado, hasta que aborde el fondo del asunto, la suspensión cautelar de su cese, que fue aprobado el pasado 18 de febrero por el pleno del Ayuntamiento bilbaíno, con los votos de los partidos de la oposición. El tribunal ve "una apariencia jurídica razonable" en el recurso presentado por el grupo PNV-EA y argumenta que, si no lo suspendiera provisionalmente, el acto impugnado tendría efectos irreversibles.

En menos de un mes ha quedado resuelta -al menos temporalmente porque resta la sentencia que aborde el fondo de la cuestión- la nueva polémica originada por el Consorcio vizcaíno de Aguas. Etxebarria podrá terminar la legislatura al frente de la entidad, aunque tendrá que dejarlo incluso antes de que haya una sentencia definitiva, ya que no ha sido incluido por su partido en las listas para el Ayuntamiento de Bilbao.

El presidente del consorcio vio cómo en el pleno municipal del 18 de febrero la oposición logró aprobar una moción que le cesaba como representante del consistorio en la entidad de aguas y, en consecuencia, de la presidencia. Al día siguiente, el grupo PNV-EA recurrió la decisión a los tribunales, argumentando que los representantes municipales en otros organismos deben ser destituidos por el partido que los propone y no por el pleno. La oposición, integrada por PP, PSE e IU, ha sostenido que, dado que el pleno procede al nombramiento oficial, puede de igual manera acordar el cese.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior, sólo dos días después, aprobó la suspensión cautelar pedida por PNV-EA, convocó a las dos partes a una vista el 25 de febrero y, en un auto fechado el pasado martes, ha confirmado aquella decisión. La resolución, conocida ayer, justifica el mantenimiento de Iñaki Etxebarria hasta que la Sala se pronuncie sobre el fondo del asunto por dos motivos. En primer lugar, porque estima "una apariencia jurídica razonable" en el recurso del PNV-EA, que argumentó que, de la misma manera que los grupos políticos nombran a los representantes municipales, también les corresponde a aquellos, "y no al pleno, la revocación de los representantes designados".

El segundo motivo es que, existiendo esa "duda razonable sobre la legalidad" del acuerdo del pleno, si no se accediera a la suspensión del cese, se produciría la "privación del derecho a ejercer un cargo público de muy difícil restitución".

Antonio Basagoiti (PP) manifestó su respeto a la decisión judicial, pero consideró que Etxebarria debería irse después "de que un pleno le dice que se marche y el Tribunal de Cuentas considera nefasta su gestión". Dimas Sañudo (PSE) dijo que la dimisión debe producirse "no por vía judicial, sino por decencia política" y acusó al PNV de "judicializar" lo que no le gusta.

Informe en dos semanas

Entretanto, ayer concluyó el pleno del Tribunal de Cuentas que ha aprobado la auditoría realizada al Consorcio en los ejercicios de 1997 y 2001. El informe final, que será presentado públicamente en un plazo de dos semanas, confirma graves anomalías, como el desvío a otros fines de al menos 115 millones de euros destinados al Plan de Saneamiento, la ilegalidad de los negocios en el extranjero en 2000, por la imposibilidad del consorcio de actuar fuera de su ámbito geográfico, o el irregular funcionamiento de la sociedad Udal Sareak, creada en 1999, y que ofrece servicios que daba hasta ahora el propio consorcio. El estudio tendrá el voto particular negativo de los dos vocales del PNV y EA, que disponen de plazo hasta mañana para presentar sus opiniones. Se incorporarán al documento definitivo, como se suele hacer con las alegaciones del órgano público fiscalizado.

Aunque en la reunión de ayer no se habló del contenido del informe, sí hubo un debate sobre el vicepresidente del Tribunal de Cuentas, Jesús Álvarez -propuesto por el PNV-, que el viernes criticó en un comunicado la filtración del debate sobre este asunto, El pleno, según las fuentes consultadas, coincidió en que esta opinión no era el sentir mayoritario y criticó que Álvarez no la consultó con los otros consejeros, aunque se acordó no dar más trascendencia a esta polémica.

La presidenta del tribunal María Asunción Macho -quien se ha inhibido al ser un hijo suyo directivo del consorcio- ha comunicado la intención de explicar este informe en una comparecencia en el Parlamento al tiempo que se difunda públicamente, aunque no ha concretado si será ella la ponente. Se espera que el estudio se remita al Parlamento y a los afectados antes de dos semanas.