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LA ILEGALIZACIÓN DE BATASUNA

El Gobierno avisa de que "si otro partido sustituye a Batasuna, será disuelto"

Luis R. Aizpeolea

El Gobierno anunció ayer que si ETA pone en marcha otra formación que pretenda sustituir a la ilegalizada Batasuna, el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado actuarán de inmediato. El ministro de Justicia, José María Michavila, hizo esta advertencia en referencia a la plataforma Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB), presentada el 15 de febrero en Pamplona con la pretensión de concurrir a las elecciones municipales del 25 de mayo en Euskadi y Navarra. A su vez, el jefe del Gobierno, José María Aznar, tras expresar su satisfacción, destacó que la ilegalización de Batasuna supone el reconocimiento judicial, por vez primera, de que "ETA no son sólo sus comandos sino también el entramado que le rodea".

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En la rueda de prensa que convocó para valorar la ilegalización de Batasuna por el Supremo, Michavila dijo: "Está previsto en la Ley de Partidos que si ETA pone en marcha otra nueva formación, tratando de burlar la decisión del Tribunal Supremo, el alto tribunal tiene instrumentos legales suficientes para impedirlo". Se refería al artículo 12.1.b de dicha norma, que permite el "trámite de ejecución de sentencia" si una organización pretende, con otro nombre, la continuidad de la disuelta. El ministro recordó que en el pasado "Batasuna ya ha cambiado tres veces de gorro, y para sustraerse a la acción de la justicia cambiaba de nombre". El ministro del Interior, Ángel Acebes, aseguró, por su parte, que AuB aún no está inscrita en el Registro de Partidos.

Liquidación patrimonial

Michavila destacó que la ilegalización de Batasuna conlleva que no podrá presentarse a las elecciones municipales del 25 de mayo "ni con éste ni con otro nombre". Además, la disolución del partido y sus sedes acarreará su liquidación patrimonial, según establece la Ley de Partidos, y precisó que el dinero que se obtenga de ella se destinará a obras sociales, primordialmente a entidades de apoyo a las víctimas del terrorismo. Para el proceso de liquidación se designará a tres liquidadores, según prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que procederán, primero, al embargo de bienes y luego los subastarán públicamente.

Por su parte, el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, celebró la ilegalización de Batasuna porque demuestra que "se puede dejar fuera de la ley a quienes se sirven de ella para pervertirla".

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