Obras Públicas y promotores coinciden al proponer criterios objetivos para urbanizar suelo

La Consejería de Obras Públicas y los promotores de vivienda coinciden en una receta para paliar los problemas suscitados por la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) en territorio valenciano. Ambos proponen establecer criterios objetivos que deba respetar cualquier procedimiento de urbanización de suelo para contrapesar la autonomía municipal y las arbitrariedades que conlleva. Pero difieren en la aplicación del remedio. Obras Públicas apuesta por un cambio en la ley. Los promotores apenas proponen un reglamento de gestión.

José Ramón García Antón, consejero de Obras Públicas, tuvo que explicar recientemente a un grupo de alcaldes que si bien la LRAU abre la posibilidad de actuar en el ámbito municipal sobre el suelo incluso en contra de las prioridades de sus propietarios es bueno recordar que "no es obligatorio" enfrentarse a los vecinos.

El comentario ilustra los problemas derivados de una aplicación arbitraria de la figura del urbanizador, un instrumento específico de la legislación valenciana que permite proponer actuaciones sobre suelo considerado urbanizable al margen de su titularidad y, llegado el caso, actuar sobre el mismo con la autorización del ayuntamiento correspondiente.

Los problemas surgidos ante las denuncias formuladas por propietarios extranjeros han disparado la polémica. Visitantes extranjeros que compraron fincas en segunda línea de playa hace años se encuentran ahora con modificaciones obligadas por las autoridades municipales en suelo de su propiedad en aras de proyectos de urbanización planteados por promotores de nuevas viviendas.

Una alta fuente de Obras Públicas confirma que la consejería ha propuesto una reforma de la ley actual, "que no llegará a las Cortes en la presente legislatura", basada en tres principios básicos: criterios objetivos para ejecutar cualquier obra de urbanización; mayor transparencia en el procedimiento administrativo previo a la actuación de un urbanizador; mayor protección de los propietarios de suelo afectados por las propuestas de un urbanizador. "La reforma persigue impedir la naquerización del territorio", sintetiza la misma fuente en alusión directa a la decisión del alcalde de Náquera de actuar sobre la práctica totalidad del suelo de su término municipal.

Benjamín Muñoz, secretario general de la asociación de Promotores de Vivienda, defiende la LRAU a capa y espada y sostiene que "la fórmula para contener la discrecionalidad de los ayuntamientos" a la hora de adjudicar nuevas urbanizaciones pasa por la redacción de "un reglamento de gestión", un arma prevista en la redacción original de la norma, que data de 1994. "Hace años que exigimos un reglamento de gestión", afirma Muñoz.

Una fuente de Obras Públicas recuerda que la redacción de un reglamento de planeamiento provocó cierto malestar entre los promotores y asegura que cualquier esbozo de reglamento de gestión recibió, hace años, todo tipo de objeciones del mismo sector.

Los propios constructores de obra civil se enfrentaron en su día a los promotores de vivienda alegando que las obras de urbanización, que se ejecutan por delegación municipal, sólo deberían asumirlas los contratistas calificados por el Estado. Los pleitos se han decantado de parte de los promotores que, por si acaso, han añadido al nombre de su asociación los términos "agentes urbanizadores".

Al margen de pleitos entre constructores de obra pública y vivienda, Muñoz comenta que los extranjeros afectados por la LRAU deben tener en consideración que la función social de la propiedad inmobiliaria, "reconocida por la Constitución, limita el derecho de propiedad".

Y anticipa toda una avalancha de problemas paralelos. Al igual que varios propietarios extranjeros han sufrido la intervención de un agente urbanizador sobre suelo de su propiedad, una correcta aplicación de la ley exigiría la construcción de colectores, el enterramiento de los tendidos eléctricos o la ampliación de los viales en decenas de zonas residenciales de la costa que carecen de las mínimas infraestructuras.