Los dueños de Tablada calculan en 210 millones la expropiación de un suelo rústico e inundable

Las constructoras propietarias de la dehesa de Tablada presentaron ayer sus sugerencias al Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla. Las promotoras argumentan a favor de la urbanización que sueñan para las 356,8 hectáreas de la dehesa y en contra de los planes municipales de crear en toda la superficie un gran parque. Una de las razones que esgrimen es el excesivo coste que la operación tendría para el Ayuntamiento de Sevilla, que pretende expropiarles los terrenos, calificados como rústicos e inundables. Según el cálculo de las propias inmobiliarias, el Consistorio debería pagarles 210 millones de euros, un 150% más de lo que ellos pagaron por esos mismos suelos hace año y medio.

Ocho grandes grupos inmobiliarios adquirieron las 356,8 hectáreas de la dehesa de Tablada a las cajas de ahorros con sede en Sevilla, San Fernando y El Monte, en noviembre de 2001 por unos 82 millones de euros para urbanizar la zona y construir allí viviendas. Sin embargo, algo antes, en abril de aquel mismo año, el Ayuntamiento de Sevilla había anunciado su intención de expropiar los terrenos para crear en ellos un parque periurbano y con equipamientos públicos, un propósito diametralmente enfrentado al de las constructoras.

El Avance del PGOU contempla Tablada como zona verde. Ahora, en el plazo para la presentación de sugerencias a ese documento normativo, los grupos propietarios de Tablada, constituidos como la agrupación Tablada Hispalis, han planteado formalmente sus deseos de urbanizar la zona con la intención de hacer cambiar de opinión a los responsables municipales. Argumentan doce razones a favor (principalmente la situación estratégica del suelo, la necesidad de viviendas en Sevilla y la construcción de defensas para salvar el riesgo de inundabilidad de la zona, a la orilla del Guadalquivir).

Igualmente, dan 8 motivos para convencer al Ayuntamiento de que desista de su propósito de crear un parque. El más llamativo, sin duda, el del coste económico que la operación tendría para las arcas municipales. Según el cálculo propio de los dueños del suelo, la expropiación de la dehesa costaría al Ayuntamiento 210 millones de euros, una cifra muy superior a los 82 millones que pagaron en noviembre de 2001 a las cajas.

La cifra que les sale a las constructoras para el caso de que culminase el proceso de expropiación se debe a que toman como referencia para el justiprecio los 60 euros por metro cuadrado que dos nuevas inmobiliarias, Arenal 2000 y Edamar, se han pagado por los terrenos, alrededor del 6% del total de los suelos, que poseía Luis Portillo.

El delegado de Urbanismo, Rafael Carmona, del PA, se mostró ayer tajante sobre este asunto y advirtió a las inmobiliarias de que "es la Gerencia de Urbanismo, como administración competente, la que fija el coste de la expropiación". "Y si hay discrepancia, tendrán que acudir al jurado de expropiación, para que dilucide el justiprecio. Además, me parece aventurado que piensen en usos distintos a los de parque sin plantear una solución a la inundabilidad de la zona", concluyó.

Curro Oñate, biólogo y portavoz de la Plataforma Ciudadana para la Defensa de Tablada Verde y Pública, calificó ayer de "lección de especulación" la valoración que los propietarios hacen de la dehesa ante la expropiación. "Tratan de presionar aún más sobre terrenos de gran utilidad pública para todo el área metropolitana de Sevilla", dijo. La plataforma, que también prepara sus sugerencias al Avance del PGOU, defiende en ellas el mantenimiento del carácter no urbanizable de los terrenos para la cración de un parque periurbano. "Además, la expropiación se debe hacer sobre la condición rústica e inundable de los terrenos", añadió Oñate.