Vuelve un fantasma de la transición

Después de muchos años dormida, la palabra tortura ha vuelto con fuerza a los titulares. Un periodista vasco acusado de colaborar con ETA y dos empresarios valencianos supuestamente relacionados con Al Qaeda han denunciado haber sido maltratados durante el periodo que permanecieron detenidos e incomunicados en los calabozos de la Guardia Civil. Ninguno de ellos tiene pruebas de haber sido torturado, pero tampoco el Ministerio del Interior puede demostrar que el trato haya sido correcto. La pregunta es: ¿sobrevive en España un fantasma propio de países democráticamente subdesarrollados y que se creía enterrado desde la transición? Si alguna organización no es sospechosa de connivencia con el Gobierno, ni con este ni con cualquier otro, es Amnistía Internacional. Su director en España, Esteban Beltrán, responde a la cuestión: "No se puede decir que la tortura en España sea sistemática". Si bien, añade un motivo de preocupación: "El clima de impunidad ante los casos que surgen puede hacerla más extendida y persistente".

A Otamendi habría que retarle a una carrera de derechos humanos, dice un guardia civil

Se refiere Beltrán a la actitud gubernamental ante las últimas denuncias. Lejos de emprender investigaciones internas, el ministro del Interior, Ángel Acebes, ha respondido en público de forma airada, anunciando una querella contra Martxelo Otamendi, el director del diario Egunkaria, y atribuyéndole un comportamiento idéntico al que siguen los pistoleros de ETA tras ser detenidos. "Bien es verdad", añade el director de Amnistía Internacional, "que se dan muchas denuncias falsas pero eso no quita para que alguna vez se hayan producido torturas".

¿Son ciertas las últimas denuncias de malos tratos? Para intentar responder a esta pregunta, este periódico ha mantenido largas conversaciones con el director de Egunkaria, con los empresarios de Valencia, con un oficial de la Guardia Civil y con el propio ministro del Interior, además de con el secretario general del Sindicato Unificado de Policía y con un magistrado de la Audiencia Nacional que prefiere no ser citado. La conclusión se acerca bastante a la reflexión aportada por varias de las fuentes: "Otamendi dice que fue torturado y la Guardia Civil mantiene lo contrario. No hay pruebas ni de lo uno ni de lo otro. Esto se parece bastante a una cuestión de fe. Usted decide a quién creerse".

La declaración del periodista vasco es de sobra conocida: asegura que durante los tres días que permaneció detenido e incomunicado fue insultado, vejado, obligado a hacer ejercicios físicos extenuantes y a desnudarse en presencia de sus interrogadores. El cierre del diario que dirigía y sus denuncias de malos tratos le han otorgado en los últimos días un protagonismo inusitado. Como él suele decir, tiene "una agenda de ministro", sobre todo en Euskadi y en Cataluña, donde ha contestado a innumerables entrevistas, recibido premios y pronunciado conferencias. No oculta Otamendi su interés por aprovechar la repercusión del cierre de Egunkaria para rescatar un asunto que prácticamente vivía en el olvido desde los tiempos de la transición. Lo que, según el ministro del Interior, no viene sino a demostrar que el periodista vasco actúa conforme a los dictados de la organización terrorista.

"Él sabe mejor que nadie", dice Acebes, "que no puede probar nada de lo que dice. Lo único que intenta es poner bajo sospecha al Estado de derecho, darle un motivo al mundo radical para empuñar una bandera y, de paso, invalidar su declaración ante el juez. Y por eso nos vamos a querellar. ¿O es que aquí todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia menos la Guardia Civil? Las denuncias de Otamendi son falsas, calcadas del manual de ETA".

Cuando el pasado jueves un periodista le preguntó al ministro por qué sabía que las denuncias eran falsas, si acaso había ordenado alguna investigación interna, Acebes se enfadó. Aunque no lo reconoce en público, al ministro le preocupa que Otamendi, aun sin pruebas, pueda convencer a una parte de la opinión pública.

"No es lógico", reflexiona, "que se le pueda otorgar más credibilidad a un acusado de colaborar con ETA que a los encargados de combatir el terrorismo". La diferencia con casos anteriores, y de ahí la preocupación del ministro, es que quien denuncia torturas en esta ocasión no es un pistolero con un historial de crímenes a sus espaldas, sino el director de un medio de comunicación al que todavía hay que probar su supuesta relación con ETA.

Por si fuera poco, a las denuncias de Otamendi se le han unido esta semana la de los empresarios valencianos detenidos por su presunta relación con Al Qaeda y luego puestos en libertad sin cargos. Uno de ellos, Manuel Francisco Palop, dice: "Me han tratado peor que a un perro. Me quitaron las gafas, los zapatos, el abrigo. He estado en un cuarto minúsculo, con la luz siempre encendida y mucha humedad. En España también hay un Guantánamo".

Ante la gravedad de las acusaciones, un oficial de la Guardia Civil explica: "Le garantizo que aquí no se tortura. Un forense visita al detenido al menos una vez al día y sin avisar durante los cinco días que puede durar la incomunicación. Y, además, la tortura no es ni aceptable ni eficaz; sólo engendra odio. Los agentes son gente joven, asisten periódicamente a cursos sobre derechos humanos y saben que una condena por malos tratos lleva aparejada la expulsión del cuerpo. Aquí todo es judicializado. No hay espacio de impunidad posible. Otra cosa es que a los detenidos se les haga dura la incomunicación. Pero es necesaria para que no informen a la banda mientras se llevan a cabo las primeras pesquisas. Lo de quitarles algunas prendas o dejarles encendida la luz es para que no se autolesionen. A Otamendi y a la gente de ETA habría que retarles a una carrera por los derechos humanos. Le aseguro que les sacaríamos muchos kilómetros de ventaja".