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Controversia en la caja de Vila-real ante la integración en Ruralcaja

La fuerte oposición a la operación obliga a suspender la asamblea

María Fabra

La Caja Rural de Vila-real tiene cerca de 10.500 socios de los que, habitualmente, entre 300 y 500 acuden a las asambleas anuales. Sin embargo, la decisión de integrarse o no en Ruralcaja despertó el interés de más de 3.000 socios que dejaron la noche del viernes más que pequeño el lugar habilitado para la celebración de la asamblea en la que había de decidirse el futuro de esta caja.

Con más de 1.000 personas en la puerta del centro social de la propia entidad, el presidente e impulsor de la integración, José Cantavella, anunció, en la noche del viernes, el aplazamiento de la asamblea "por motivos de seguridad y por respeto hacia todos los miembros con derecho a voto que han tenido que quedarse en la calle por falta de espacio". Los socios habían de dar el visto bueno al protocolo de cesión de actividades a Ruralcaja, que firmaron en noviembre sus máximos responsables, José Cantavella y Luis Juares, con el beneplácito y ante la presencia del consejero de Economía, Vicente Rambla.

El hecho es que, durante las últimas dos semanas, los movimientos a favor y en contra de la "cesión de la actividad" de la Caja Rural de Vila-real a Ruralcaja han sido motivo de enfrentamiento, incluso, entre la vecindad. Los ánimos se caldearon conforme se acercaba la convocatoria que, finalmente, tendrá una nueva fecha a partir del lunes. La polémica suscitada entre la lucha "por lo nuestro" y el único camino para "el futuro" logró que más de uno acudiera, por primera vez, a una asamblea de la caja, tal como reconocieron varios de los asistentes. Durante estos días, se ha recordado, incluso, a uno de los insignes personajes de la población, el cardenal Tarancón, y sus palabras sobre la institución.

"Indignante"

Una vez suspendido el acto, comenzaron de nuevo las acusaciones. Uno de los máximos representantes de la corriente opositora, José Balaguer, veterano en la caja, calificó la situación de "indignante" ya que, a su parecer, el acto acabó "tal como deseaba la junta", con la suspensión porque, de lo contrario, opinión que compartieron muchos de los asistentes, la mayoría del voto se hubiera inclinado al no. Según Balaguer, la directiva sabía de la afluencia que se esperaba y criticó la "escasa claridad" de las papeletas. Balaguer adujo que, con el acuerdo, se pretende "regalar un negocio de 32.000 millones de pesetas".

Por su parte, José Cantavella describió el enfrentamiento como el de "los inmovilistas, por una parte, y quienes tienen una visión más amplia, por otra". Así, lamentó la tensión existente y sostuvo que "siempre habrá gente que no estará de acuerdo, pero la visceralidad hay que dejarla a un lado". El presidente de Caja Rural aseguró además haber sido víctima de amenazas.

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La Caja Rural de Vila-real cuenta con una cifra de negocio de 328 millones de euros y obtuvo, durante el pasado año, un beneficio bruto de más de cuatro millones de euros. Además, la caja posee un importante patrimonio cuyo titular es una fundación. Mañana se decidirá la fecha de la nueva asamblea.

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