El tripartito rechaza la propuesta socialista para asumir el Inem

La fórmula socialista para desatascar la transferencia del Inem fue rechazada ayer por el Parlamento vasco. Los grupos del tripartito sacaron adelante una enmienda transaccional a la proposición del PSE que deja el asunto como estaba. El Gobierno vasco no quiere la transferencia sin las cuotas de formación, ni las políticas activas sin las pasivas, es decir las cuotas de la Seguridad Social. El Ejecutivo central no transfiere ni unas ni otras porque considera que sería romper la caja única de la Seguridad Social.

La proposición no de ley, ideada por el que fuese consejero de Trabajo, el socialista Ramón Jauregui, proponía reanudar las negociaciones entre los dos gabinetes sobre la base de aceptar "la posible reserva de las posiciones doctrinales del Gobierno vasco respecto a la fórmula económica de transferencia de estas competencias, para facilitar un acuerdo antes del 1 de julio de 2003".

El tripartito respondió a la propuesta socialista con una enmienda transaccional que rechazaron PP y PSE, en la que piden la transferencia completa, tal y como aprobó el Parlamento autónomo el 20 de octubre de 1995.

Al pleno acudieron varios trabajadores de las 30 oficinas de empleo dependientes del Inem abiertas en Euskadi. En total, son más de 600 funcionarios del Estado que cobran casi 10.000 euros menos anuales que sus homólogos en la Administración vasca y cuyas oficinas han sido habituales blancos de pintadas y ataques del entorno de ETA. La inversión del Estado en la materia es de 230 millones de euros.

La sociedad vasca paga dos veces por este servicio ya que, por otra parte, están Langai y Egailan, dependientes del Gobierno autónomo, con una asignación presupuestaria de 59 millones de euros y casi con los mismos objetivos. Ambos servicios fueron creados en su día por el propio Jáuregui en su etapa como consejero de Trabajo con el objetivo de convertirse en la pista de aterrizaje de una transferencia que nunca llegó.

Durante el debate la parlamentaria socialista María Teresa Rodríguez Barahona defendió la proposición porque es prioritario el objetivo de desarrollar una "política coordinada" y mejorar así las condiciones de vida y de trabajo, no solo de los empleados del Inem, sino de todos los ciudadanos. Para los socialistas la ausencia de esas competencias está anulando cualquier posibilidad de que el Gobierno de Juan José Ibarretxe tenga una política de empleo efectiva a través de los programas Egailan y Langai, y además está privando a las organizaciones empresariales de profesionales cualificados.

Los populares calificaron la existencia de dos servicios paralelos de empleo como "paradójica", además de cara. Su parlamentario Fernando Maura acusó directamente al Gobierno vasco de situar a Euskadi en la órbita de Melilla, la otra comunidad que no tiene transferidas las políticas activas, por su empecinamiento en la Seguridad Social.

Ausencias

Por otra parte, la ausencia de siete parlamentarios de la oposición (tres del PP, dos del PSE-EE y dos de la suspendida Batasuna) imposibilitó ayer que prosperara en la Cámara la toma en consideración de una iniciativa socialista que pretendía la modificación de la ley contra la Exclusión Social para que las Ayudas de Emergencia Social, (AES), tuvieran el mismo rango de derecho que la Renta Básica.

De esa manera se evitaría que continúen dependiendo de las disponibilidades presupuestarias y estarían garantizados siempre los fondos necesarios. En este punto los diputados radicales anunciaron su apoyo al PSE, al igual que el Partido Popular, pero las ausencias pesaron más que las presencias. Finalmente, la oposicón se quedó en 32 votos, insuficientes frente a los 36 del tripartito.