El Gobierno desautoriza al PP al negar que la gestión de RTVV pueda privatizarse

El Gobierno ha arrojado un auténtico jarro de agua, más que fría congelada, a la Generalitat al desautorizar sus planes de privatizar la gestión de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). El Gobierno afirma en una respuesta parlamentaria a EU que "sólo puede admitir la existencia de un tercer canal gestionado por un ente público", un canal "cuya gestión no puede ser transferida bajo ninguna forma, total o parcialmente, a terceros". La consejera portavoz, Alicia de Miguel, recordó la pasada semana que la decisión de privatizar la gestión fue incluida en el programa electoral.

La consejera portavoz, sin embargo, declinó ayer realizar declaraciones en relación con la respuesta del Gobierno y remitió la cuestión al director general de RTVV, José Vicente Villaescusa, a quien tocó poner en marcha la privatización, por decisión del propio pleno del Consell, según anunció la pasada semana la propia Alicia de Migul. La consejera portavoz únicamente añadió ayer que "el Consell siempre respeta la ley".

Una ley, la del tercer canal,sobre la que la Generalitat no pretende urgir su modificación para desarrollar sus planes, como se desprende a lo largo de un ya dilatado proceso de privatización que en su último capítulo el Consell se ha quitado de encima por el mecanismo del trasladar el asunto a Villaescusa mediante un tecnicismo. "Los pliegos y la realización del concurso público son responsabilidad del ente", afirmó entonces Alicia de Miguel. Y todo ello a pesar de que el dictamen de las Cortes, con los votos sólo del PP, fue dirigido al gobierno valenciano y no al director general de RTVV.

De modo que es la Generalitat la que recibe un serio revés a su política por parte del Gobierno, también presidido por el PP, bajo la fórmula de una contestación parlamentaria sobre la privatización de la gestión del ente. Un revés que incluso se manifiesta en el plano estilístico. Mientras la Generalitat y las Cortes, con mayoría del PP, siempre emplean expresiones eufemísticas del tipo "externalizar", "nuevo marco de gestión", "entrada de la iniciativa privada" o entrada de "la iniciativa social", el Gobierno utiliza el término "privatización".

"En tanto no se modifique el actual marco jurídico, [el Gobierno] sólo puede admitir la existencia de un tercer canal gestionado por un ente público y cuya gestión no puede ser transferida bajo ninguna forma, total o parcial, a terceros", dice la contestación del Gobierno a la pregunta de la diputada de EU Presentación Urán relativa a las medidas que se van a tomar para cumplir la ley en virtud de la cual se concedió la gestión del canal autonómico, o tercer canal, a la Generalitat. La respuesta añade que "para permitir la privatización del tercer canal" la ley tendría que ser objeto de modificación por los procedimientos constitucionales establecidos, dejando la puerta abierta a que las Cortes pidieran ese cambio.

Por otro lado, en su comunicado titulado El director general reafirma la legalidad de la entrada de la iniciativa privada en RTVV, Villaescusa señaló que "el modelo con el que llevará a cabo el acuerdo adoptado por el Gobierno valenciano en relación al dictamen de la Comisión de Estudio de Nuevas Formas de Gestión de RTVV, aprobado por las Cortes Valencianas, es totalmente respetuoso con el ordenamiento jurídico vigente, muy especialmente con la Ley 7/1984 de creación de RTVV y con la Ley 46/1983 reguladora del tercer canal".

En el ultimo párrafo del comunicado del director general de RTVV se incide en que el "nuevo marco de gestión" se desarrollará "de acuerdo con el marco normativo audiovisual vigente". En el escrito, Villaescusa reitera que la privatización de la gestión, del que no se ha presentado el pliego de condiciones, contempla la titularidad pública de RTVV y de sus sociedades y que se garantizarán los puestos de trabajo.

Presentación Urán afirmó ayer que ante la "contundencia" del texto del Gobierno "la pretendida privatización de la gestión" de RTVV "no puede llevarse a término". Por tanto, en cuanto se formalice el pliego de condiciones, EU exigirá al Gobierno que cumpla su obligación. En su contestación, el Gobierno indica que su intervención "sólo es posible frente a actos concretos", sin que pueda actuar en relación "a declaraciones de intenciones no concretadas en actuaciones susceptibles de impugnación"

"En cualquier caso, si RTVV se privatiza ahora, aunque la ley se modifique en un futuro, como no tendría efecto retroactivo, la operación sería ilegal", añadió Urán, quien recordó que EU ha venido denunciando el proyecto.

Por su parte, el representante en el consejo de administración por el PSPV Miguel Mazón recordó que lo peligroso sobre todo es la "privatización por la vía de los hechos y por el derecho" que está realizando el PP para el desmantelamiento de RTVV.

Un miembro del comité de empresa del canal autonómico mostró su satisfacción por la respuesta del Gobierno.