Aval constitucional

El Constitucional se ha dado prisa en resolver el recurso del Gobierno vasco contra la Ley de Partidos antes de que la Sala Especial del Tribunal Supremo se pronuncie sobre la posible ilegalización de Batasuna en aplicación de dicha ley. Una decisión del Supremo en este asunto, sobre todo si es favorable a la ilegalización, sin haberse despejado previamente las dudas de inconstitucionalidad de la ley, habría dejado el flanco abierto a su cuestionamiento y, posiblemente, a todo tipo de argucias para entorpecer su cumplimiento.

El fallo del Constitucional a favor de la constitucionalidad de la ley ha sido unánime. Esa unanimidad refuerza la legitimidad de la decisión y alivia en parte el efecto de la increíble falta de sensibilidad del presidente del tribunal, Manuel Jiménez de Parga, al no abstenerse en las deliberaciones, como querían cinco de sus miembros, después de su frívolo pronunciamiento público a favor de la ilegalizacion de Batasuna. El voto de estos cinco magistrados en favor de la constitucionalidad de la ley aleja cualquier duda de parcialidad en el fallo y en los argumentos sobre los que se fundamenta. Esa unanimidad resta credibilidad al discurso del nacionalismo vasco sobre la inconstitucionalidad de la ley, mantenido con independencia de las reformas introducidas en el proyecto inicial y que permitió su aprobación por la casi totalidad de las fuerzas parlamentarias.

Una ley que marque los límites constitucionales de la actividad de los partidos, al margen de los propios del Código Penal, no es incongruente con el sistema democrático ni pone en entredicho el papel institucional de los partidos en el funcionamiento del sistema. Ése es el argumento de fondo del tribunal para rechazar los motivos de inconstitucionalidad del Gobierno vasco. De hecho, la democracia española ha contado con una Ley de Partidos desde 1978, distinta de la General de Asociaciones, sin que a nadie se le ocurriera cuestionar su existencia, dada la singularidad y especial protección que la Constitución atribuye a esa forma específica de asociación que son los partidos.

El Gobierno vasco anunció ayer la posibilidad de recurrir contra la ley ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Con independencia de que esté habilitado o no para ello, llama la atención que una vez más se utilicen las instituciones para oponerse a iniciativas legislativas o resoluciones judiciales que limitan la impunidad a que aspira el entorno de ETA. La ley no prohíbe ideologías, sino medios y conductas que impiden el ejercicio de la democracia. Por ello, es irresponsable que un Gobierno cuyo primer deber es garantizar la pervivencia del sistema democrático hable de "ley de excepción" cuando de lo que se trata es precisamente de acabar con la excepcionalidad de partidos que utilizan medios ilícitos y contrarios al sistema democrático para alcanzar sus fines.