Telefónica en el medio rural

Lo siento, pertenezco a una minoría: soy parte de esa fracción cada vez menor de personas que prefieren vivir en el medio rural, y debo excusarme porque soy consciente de que eso, a veces, encarece el precio de los servicios que el Estado administra y a los cuales tengo derecho según la Constitución Española.

Es más caro mantener las carreteras de montaña que las del llano, o acercar los servicios sanitarios a las aldeas que a las ciudades. Y, sin embargo, la Constitución me garantiza los mismos derechos, el mismo trato que a mis otros conciudadanos urbanos.

Por otra parte, el papel que cumplimos los habitantes rurales de este país, como de toda la vieja Europa, es primordial. Es importante que el paisaje siga teniendo gente, si no se convierte en una mera postal. Es importante que los valles y los pueblos sigan vivos para que las personas de la ciudad puedan disfrutar de sus días de ocio en ellos. No hay turismo en la selva virgen ni en el desierto.

La densidad de población de gran parte del Pirineo aragonés es equivalente a la del Sáhara, menos de dos habitantes y medio por kilómetro cuadrado. Sin embargo, a pesar de lo necesario de mantener la población en lugares como Sobrarbe, Ribagorza, la Guarguera, en el alto Gállego, en muchos aspectos sus habitantes no llegamos ni a ciudadanos de segunda para algunas empresas privadas como Telefónica, con cientos de millones de euros de beneficio al año.

Telefónica no cumple con sus promesas de instalar una línea en menos de dos semanas desde su solicitud.

Hasta hace poco, los habitantes de zonas rurales como el Pirineo aragonés, donde no llegan las líneas telefónicas convencionales, debíamos conformarnos con unos teléfonos llamados TRAC, que utilizan la tecnología de los móviles para facilitar mediante ondas el contacto telefónico, aunque no permiten otras prestaciones hoy imprescindibles para desarrollar empleos autónomos: uso de Internet, uso de fax o contestador automático, cobro por tarjetas... (Últimamente, ya ni siquiera ese tipo de servicio se instala cuando se solicita un nuevo número desde un pueblo de montaña, habitado por alrededor de cuarenta personas, con escuela funcionando desde hace más de quince años, como es Aineto). Ahora, Telefónica se niega a instalar nuevas líneas, limitando las posibilidades laborales de personas que queremos instalarnos en el medio rural y mantener trabajo independiente, para el que necesitamos una línea telefónica. Un servicio al que no sólo tienen derecho todos los españoles, sino que, además, está regulado por convenio con la Diputación, que sufraga parte de los gastos. Algunos de los abajo firmantes hemos solicitado líneas telefónicas desde hace meses sin que la compañía Telefónica las instale y sin que dé ninguna explicación razonable al respecto. Los habitantes de muchos de estos núcleos tuvieron que abandonarlos en los años sesenta a causa de su olvido por parte del Estado, que necesitaba mano de obra para sus fábricas en las urbes.

Nosotros pensamos que desde entonces las cosas han cambiado y que el Estado debería proteger como rara avis a los escasos pobladores del medio rural, garantizando al menos que tengamos las mismas posibilidades que los otros ciudadanos, en casos como el que nos ocupa, en que la tecnología existente así lo permite.

¿Cómo se puede negar hoy por hoy a nadie una línea telefónica, porque no resulta rentable, cuando otras similares están instaladas en el mismo núcleo y cuando la compañía tiene beneficios multimillonarios? ¿Alguien nos lo puede explicar?