Ultimátum
Cuando escribo esta columna aún no se sabe qué día se va a debatir y votar la nueva resolución del Consejo de Seguridad que, de acuerdo con la intención de los proponentes (EE UU, Reino Unido y España), pretende someter a un plazo restrictivo y ya improrrogable el momento en que el Consejo debe decidir si Irak ha cumplido o no de manera inequívoca lo que le impone la Resolución 1.441, y, con ella, el resto de las resoluciones a las que ésta se refiere, desde la 661 de 1990.
El movimiento diplomático emprendido por los proponentes para lograr los votos necesarios en el Consejo ha generado otro, liderado por Francia, para que la mayoría vote en contra, y, en su defecto, anunciando el gesto simbólico de interponer el veto (juntamente con Rusia) a la nueva Resolución. La posición de Francia -se dice-, se funda en admitir que (ahora) Irak está colaborando de manera fehaciente con los inspectores y que sólo un plazo "de meses" (como habría sugerido Blinx) permitirá llevar a cabo de manera satisfactoria un desarme completo en los términos a los que hace referencia la orden de la ONU, al tiempo que reconoce explícitamente (Chirac a TF-1 y France 2, el lunes) que la colaboración de Irak (ahora) es debida a la presión militar que estadounidenses e ingleses están ejerciendo (¡!); una presión, debe añadirse, que es fruto de una interpretación particular tanto de la (actual) actitud (engañosa) de Husein cuanto de la negativa de éste a cumplir en más de una década las sanciones que el Consejo le impuso tras la invasión de Kuwait.
Por su parte, EE UU -y con ellos, el Reino Unido y España-, entienden que un nuevo plazo de meses a sumar al concedido en la R-1.441, constituiría una victoria diplomática inaceptable para un régimen que no tiene la intención de cumplir a la vista del juego de negación/evidencia/negación que escenifica a la par que crece la división en el seno del Consejo.
Pero evidentemente, un abrupto ultimátum, colofón legal inevitable de la convicción de que Irak no tiene intención de cumplir, no figura en los planes de los países que desde el primer momento se tomaron los plazos a beneficio de inventario. Habría que recordar, por ello, que ya en 1998, la administración Clinton, a través de la Secretaria de Estado, Madeleine Albright, propuso el derrocamiento del régimen iraquí, y Clinton, el ultimátum para que cumpliera las resoluciones que le obligaban al desarme, siendo la oposición feroz de Francia la que impidió que prosperasen las propuestas.
Que Francia lidere (ahora), de nuevo, una política de plazos sin término constituye una evidencia de que la política francesa con respecto a Irak debe conectarse con una posición claramente de espaldas al cumplimiento de la legalidad internacional, a la vez que defensa cínica de unos intereses particulares ligados a la ventaja de Francia en el comercio petrolífero con Irak y a la abultadísima deuda que Irak mantiene con Francia.
Cuando el periplo de Villepin (de quien se dice que es un admirador ad nauseam del Emperador Napoleón Bonaparte) para mercadear el voto de los países indecisos del Consejo se presenta como un loable esfuerzo anti-bélico y las explicaciones de Aznar sobre el último plazo que contiene la nueva resolución son descalificadas con la pregunta de qué es lo que gana España con estar al lado del Imperio, uno cae en la cuenta de lo aislada que está la opinión pública española de lo que de verdad se cuece en el mundo.
Vicent.franch@eresmas.net
