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La ley de Protección de Animales prohíbe su venta callejera

Gobernación calcula que hay alrededor de 600.000 mascotas sin registrar en Andalucía

Tereixa Constenla

Sólo un tercio del millón de animales de compañía que hay en Andalucía están registrados formalmente, según estimaciones de la Consejería de Gobernación. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Protección de los Animales, los propietarios de más de 600.000 mascotas están obligados a inscribirlas. El texto prohíbe el maltrato, el uso en espectáculos cruentos y la venta callejera de animales, que afecta de lleno a mercadillos tradicionales como el de la Alfalfa, en Sevilla.

La ley de Protección de Animales limita su ámbito normativo casi a los animales de compañía -fundamentalmente perros y gatos-, ya que lo relativo a la fauna salvaje se regulará a través de otra legislación que prepara la Consejería de Medio Ambiente y lo concerniente a los espectáculos taurinos callejeros se recoge en un reglamento que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Gobierno. La utilización de animales para experimentos científicos es objeto también de otra normativa, aunque en la ley de Protección de Animales, que recibió el visto bueno del Gobierno andaluz la pasada semana, se recoge expresamente la prohibición de utilizar a las mascotas para la investigación científica.

El consejero de Gobernación, Alfonso Perales, explicó ayer que la nueva legislación pretende garantizar los derechos de los animales y también los derechos de quiénes no son propietarios -como la seguridad y el descanso-, además de establecer las obligaciones de los dueños de mascotas, que sólo podrán pasear con ellas por espacios públicos si no entrañan peligro para los transeúntes y sujetos por correa y provistos de documentación. Los ejemplares que sobrepasen los 20 kilos de peso tendrán que llevar bozal. Y todos los dueños estarán obligados a retirar de la vía pública las defecaciones de sus animales.

La Administración andaluza calcula que hay más un de millón de animales de compañía, lo que denota "el gran impacto" de la ley, según Perales. Con la entrada en vigor de esta norma todos los dueños de animales estarán obligados a registrarlos en sus respectivos ayuntamientos -Gobernación creará un registro central para unificar los datos de toda la Comunidad-, lo que no ocurre en la actualidad. Alfonso Perales señaló que, en la actualidad, sólo están inscritos en los registros 269.962 ejemplares. "Dos de cada tres animales no existen a efectos de registro", constató el consejero.

Comercio ambulante

La aplicación de esta normativa tendrá también un efecto directo sobre la venta ambulante de animales de compañía, que se prohibe. Esta medida afecta a mercadillos tradicionales como el que se celebra en la plaza de la Alfalfa, en Sevilla, cada domingo. Perales señaló que contactarán con el Ayuntamiento de Sevilla para tratar de articular algún mecanismo que permita regular la actividad de los vendedores de esa plaza,pero insistió en que la ley no deja margen al respecto y prohíbe de forma explícita la venta ambulante de animales.

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De igual modo, se veta la utilización de animales domésticos abandonados para investigación y la venta de especies de compañía a menores de 16 años. La legislación castiga, además, la mutilación, el maltrato y la utilización de animales en espectáculos cruentos como las peleas de perros. Las sanciones establecidas en la norma, pendiente de su aprobación en el Parlamento, oscilan desde los 75 a los 30.000 euros, que se pueden aplicar en caso de infracción muy grave como el maltrato.

Bula a la tradición

Alfonso Perales adelantó que el Consejo de Gobierno de hoy tiene previsto aprobar el decreto que regulará los espectáculos taurinos que se celebran fuera de las plazas de toros. La iniciativa no pondrá fin a festejos centenarios donde se utilizan animales, pero pondrá coto a las de última hora. "El criterio político es impedir la proliferación de estas fiestas en primer lugar y encorsetar aquellas que son tradicionales en segundo lugar", indicó el consejero.

Con este planteamiento, el decreto prohíbe el toro ensogado y los toros de fuego en nuevas localidades, pero autoriza que sigan celebrándose en 11 municipios que se han comprometido a garantizar la seguridad de los animales, según Perales.

En aquellos espectáculos que pervivirán porque se ha primado su carácter de tradición, el decreto plantea un marco legal que prohíbe el maltrato de los animales y, en algunos casos, introduce modificaciones. "Vamos a poner criterios que disuadan a nuevas fiestas", dijo.

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Sobre la firma

Tereixa Constenla
Corresponsal de EL PAÍS en Lisboa desde julio de 2021. En los últimos años ha sido jefa de sección en Cultura, redactora en Babelia y reportera en Andalucía. Es autora del libro 'Cuaderno de urgencias'.

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