Los ancianos disponen de menos plazas públicas por la mínima creación de residencias

Conseguir plaza en una residencia pública para ancianos es hoy más difícil que hace siete años. Pese a las promesas del Gobierno de la Generalitat y de algunos ayuntamientos, la puesta en marcha de nuevas residencias ha sido tan escasa en los últimos años que se ha agravado la situación. El problema es que la población envejece a un ritmo mucho mayor que el de construcción de residencias públicas. Desde 1992, el número de ancianos ha aumentado el 24%, y hace siete años había 74 camas públicas por cada 10.000 ancianos, mientras que en 2001 existían 58, es decir, el 21% menos.

La memoria del año 2001 del Departamento de Bienestar Social -ahora Bienestar y Familia- refleja que la construcción de residencias geriátricas no ha sido una prioridad para el Gobierno catalán. La gran deuda de la Generalitat le ha impedido afrontar la construcción de estos centros y la Administración catalana ha optado por la vía del concierto con centros privados, lo que ha disparado la actividad de las empresas que se dedican al cuidado de ancianos.

Entre 1998 y 2001, el Gobierno catalán creó 88 plazas en residencias, mientras que las empresas e instituciones privadas pusieron en servicio más de 4.000. Para paliar la gravedad de la situación, la Generalitat ha puesto en marcha diferentes programas de asistencia a las familias con mayores dependientes que consisten en pagar una parte del coste de la residencia privada. En estos momentos el coste medio de una plaza de residencia en el área metropolitana de Barcelona es de 1.000 euros mensuales, de los que la Generalitat suele sufragar el 60%.

Pero las ayudas son muy limitadas. De las 43.945 plazas existentes en residencias y centros sociosanitarios -estos últimos no son exclusivos para ancianos-, sólo 16.838 están subvencionadas por la Administración. Las 27.000 restantes no reciben ningún tipo de ayuda pública, de manera que sólo uno de cada tres ancianos ingresados en una residencia tiene el apoyo económico de la Administración.

Actuación premeditada

La diputada de Iniciativa per Catalunya Verds Dolors Comas considera que el Gobierno catalán actúa de forma "premeditada" para beneficiar al sector privado de las residencias, en manos de grandes inmobiliarias y grupos de inversión. "En lugar de dedicar dinero a construir centros, el Gobierno de CiU prefiere dar pequeñas pagas a las familias para que éstas entreguen el dinero a las empresas privadas que construyen residencias", asegura esta diputada. En realidad, el Departamento de Bienestar y Familia y el mismo conseller en cap, Artur Mas, han hecho de estas ayudas su principal eje de actuación durante toda la legislatura.

Los responsables de Bienestar y Familia, en cambio, consideran que de esta forma se está cumpliendo la promesa que hizo el anterior titular del departamento, Antoni Comas. En 1999 éste prometió crear 7.000 nuevas plazas públicas en un plazo de tiempo que expira a finales de este año. Pero ¿qué se ha hecho desde entonces? Siempre según los datos de diciembre de 2001, los últimos publicados, la Generalitat ha incrementado el número de plazas públicas a base de concertar plazas privadas ya existentes. Con este sistema se ha logrado subvencionar algo más de un millar de camas, propiedad de centros privados o instituciones religiosas. También ha incrementado en 700 camas los denominados centros sociosanitarios.La consejera de Bienestar y Familia, Irene Rigau, mantiene que la Generalitat cumplirá en esta legislatura con la promesa que hizo su antecesor y pondrá en servicio las 7.000 plazas anunciadas.

Los responsables del Gobierno catalán justifican la escasez de residencias públicas por la falta de interés de los ancianos, que no quieren acudir a ellas hasta que sus facultades están muy deterioradas. En lugar de residencias, la Generalitat afirma estar apostando por la asistencia domiciliaria, los centros de día y las viviendas tuteladas.

Pero las últimas cifras publicadas también cuestionan esta versión, al menos en cuanto a centros de día se refiere. Pese a que la Generalitat y los ayuntamientos han ampliado en un millar las plazas de estas instalaciones, las carencias siguen siendo muy importantes: a finales de 2001 los centros de día públicos o concertados sólo ofrecían 68 plazas por cada 10.000 habitantes.

En Barcelona la falta de residencias es grave, lo que ha llevado a un enfrentamiento entre la Generalitat y el Ayuntamiento. La Generalitat prometió construir un millar de plazas públicas en esta legislatura, algo que sí está cumpliendo gracias a los solares que aporta el Ayuntamiento.

El consistorio, por su parte, está construyendo 600 apartamentos tutelados. Pero todavía no es suficiente, según la concejal de Bienestar Social, Núria Carrera, quien considera que una vez acabadas estas inversiones "Barcelona todavía necesitará 3.000 plazas más si se quiere que la ciudad tenga la misma proporción de plazas públicas que el resto de Cataluña".

El presidente de la Coordinadora Nacional de Jubilados de Cataluña, Juan Manuel Velasco, afirma: "En toda la década de los noventa las administraciones, en especial la Generalitat, no hicieron nada para construir residencias; ahora es imposible ponerse al día".