Interior sólo logró expulsar al 30,3% de los 40.131 inmigrantes expedientados en 2002

El Ministerio del Interior intentó expulsar el año pasado a 40.131 inmigrantes irregulares, pero sólo consiguió devolver a su país a 12.159. Es decir, que únicamente el 30,3% de los extranjeros a los que el Gobierno abrió un expediente de expulsión fueron retornados. En números redondos: tres de cada diez. El resto, 27.972 personas, se quedaron en España con una orden que les impide trabajar legalmente. Estos datos fueron remitidos por la Comisaría General de Extranjería y Documentación a Cáritas Española. El Ministerio del Interior insiste en que no son oficiales.

De esa multitud que deambula por las ciudades en busca de trabajo, atiborra los refugios de indigentes y duerme en parques y portales, la mayoría (4.753) son marroquíes. Les siguen los ecuatorianos (3.690), los rumanos (3.329), los colombianos (2.824), los argelinos (2.587), los ucranios (1.068), los búlgaros (663), los rusos (632), los lituanos (514) y los brasileños (426).

La imposibilidad de devolver a las 27.972 personas que el año pasado se quedaron en España a la intemperie no puede ser exclusivamente achacada, como en otras ocasiones, al rechazo de sus Estados a reconocerlas como ciudadanos, pues España ha firmado convenios de readmisión o de regulación de flujos migratorios con la mayoría de los principales países de procedencia: Marruecos, Ecuador, Rumanía, Colombia, Argelia, Bulgaria y Lituania. Estos acuerdos, más otros "en avanzado estado de negociación", figuran en el Balance 2002 de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración.

A pesar de que las cifras del año pasado constatan un fracaso en la política de expulsiones, suponen una mejora respecto a las registradas en 2001. Entonces el Gobierno sólo logró ejecutar el 16,2% de los expedientes que dictó. En 2002, el porcentaje casi se duplicó: 30,3%. También aumentaron los expedientes incoados: de 23.487 en 2001 pasaron a 40.131 en 2002.

Entre expulsiones materializadas, devoluciones y rechazos en frontera, el Gobierno repatrió el año pasado a 38.132 extranjeros. La mayoría (21.991) fueron marroquíes. Les siguieron en el camino de vuelta los ecuatorianos (5.081), los rumanos (1.777), los nigerianos (1.424), los argelinos (1.163), los colombianos (978), los bolivianos (914), los rusos (442), los brasileños (353) y los ucranianos (304). Salvo en el caso de los marroquíes, de los argelinos y de los nigerianos, fue mayor el número de órdenes de expulsión incumplidas que el de las cumplidas.

Llama la atención otro dato: mientras el Balance 2002 de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración afirma que el año pasado fueron repatriadas 74.467 personas, las cifras a las que ha tenido acceso este periódico reducen la cantidad a 38.132. Un portavoz del Ministerio del Interior argumenta que los datos en los que se basa esta información no son oficiales. Sin embargo, fueron remitidos por la Comisaría General de Extranjería y Documentación al responsable de inmigración de Cáritas Española, Emilio José Gómez Ciriano, según confirmó él mismo a EL PAÍS.

La secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, ha manifestado que, a la vista de estos datos, "no se puede dudar a estas alturas de que tras un discurso de apariencia contundente se esconde una ineficacia manifiesta en la gestión de la política de inmigración"

"En la lucha contra la inmigración clandestina", añade Rumí, "está demostrado que las expulsiones son el método más costoso y apenas logra solucionar un número siempre insuficiente de casos". La dirigente socialista propone "dedicar más recursos a la lucha contra las redes de tráfico de personas, el control de fronteras y la cooperación con terceros países de origen y tránsito de inmigración irregular".