El Gobierno del PP aplaza la Ley de Grandes Ciudades

Ni Carta Municipal, ni Ley de Grandes Ciudades. Nada de nada. El Ministerio de Administraciones Públicas ha comunicado verbalmente al Ayuntamiento de Barcelona que no aprobará el texto ya anunciado de Ley de Grandes Ciudades, y mucho menos la Carta de Barcelona. En su lugar estudiará "una serie de modificaciones legislativas", según explicó ayer el concejal de Presidencia, Ernest Maragall, que fue rotundo al enjuiciar la decisión: "El Gobierno del PP milita y actúa contra Barcelona".

La comunicación la realizó Gabriel Elorriaga, secretario de Estado de Administraciones Públicas, la semana pasada. En una conversación telefónica con Ernest Maragall, le informó de que el Gobierno había decidido no impulsar la Ley de Grandes Ciudades, sino un conjunto de medidas legislativas que se remitirán al Congreso después que se hayan celebrado las elecciones municipales.

"Ni nos han enviado esos documentos, ni nada. No puede ser que la Carta de Barcelona se quede en un cajón porque un Gobierno, el del Partido Popular, sea incapaz de gobernar y de poner de acuerdo a sus propios alcaldes", enfatizó Maragall, que ironizó sobre la "situación" en la que se coloca el Partido Popular con vistas a las elecciones municipales.

"De momento sólo levantamos acta de lo que acaba de ocurrir, luego ya veremos qué iniciativas tomamos", añadió el máximo responsable municipal en la negociación de la Carta de Barcelona.

Más de cuatro años de conversaciones múltiples con los sucesivos titulares de la cartera de Administraciones Públicas no han servido para nada. La Carta -un conjunto de medidas especiales que dotan de más competencias a la Administración local, aprobadas por el consistorio y por el Parlament por unanimidad- se empezó a discutir poco antes de las elecciones generales de 2000.

A lo largo de los últimos cuatro años, el Gobierno del PP ha cambiado de opinión reiteradamente. En un primer momento, se estudió la posibilidad de introducir modificaciones legislativas concretas, pero el PP enseguida viró de dirección y dejó claro que si Barcelona llegaba a tener un régimen especial -tanto financiero como en materia de seguridad y justicia local-, no sería la única ciudad en contar con éste.

Hace un año, el Senado acordó "impulsar la tramitación de la Carta Municipal". Después creó una comisión específica por la que pasaron tanto alcaldes de las principales ciudades como todas las formaciones políticas para recabar propuestas y puntos de vista.

Después de múltiples sesiones de esa comisión, hace algo más de un mes el presidente del Gobierno, José María Aznar, anunció que antes de las elecciones municipales se aprobaría una Ley de Grandes Ciudades con un tratamiento específico para Madrid y Barcelona. Ese planteamiento no gustó a casi nadie: ni a los defensores de una ley de capitalidad para Madrid, ni acababa de encajar en el Ayuntamiento de Barcelona -que veía peligrar el cuerpo legislativo aprobado por la ciudad y el Parlament-, y tuvo la virtud de molestar a alcaldes de numerosas ciudades -algunas importantes gobernadas por el PP- que se oponían a una especificidad para Madrid y Barcelona.

"Precisamente, encajar la Carta dentro de un proyecto de grandes ciudades era, de alguna manera, la coartada que el PP tenía para aprobar la Carta Municipal, y ahora se han quedado sin ella. Ya veremos cómo se presentan ante Barcelona", insistía ayer Maragall.