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El Consell traslada a Villaescusa la privatización de la gestión de Canal 9

El director general del ente será el responsable de sacar el concurso

El Gobierno valenciano trasladó ayer al director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) la decisión de privatizar la gestión de Canal 9. El Consell, reunido ayer, optó por el patadón hacia adelante en vez de presentar el pliego de condiciones del concurso de privatización de la gestión de RTVV, tal y como había dejado creer que haría. El Ejecutivo valenciano no pone plazos a Villaescusa para que cumpla el acuerdo.

El Consell se acogió ayer a un tecnicismo -al señalar que es al director general del ente a quien corresponde ejecutar la recomendación de dar entrada a la iniciativa privada en RTVV- para dar por cumplida su promesa electoral de privatización de la gestión de Canal 9.

El acuerdo del Ejecutivo valenciano, tal y como explicó ayer la consejera Alicia de Miguel, pone de manifiesto su total conformidad con el dictamen de las Cortes sobre nuevas formas de gestión de RTVV -aprobado sólo con los votos del PP-; traslada el mismo a José Vicente Villaescusa para que "proceda al adecuado cumplimiento y ejecución de las recomendaciones primera, segunda y tercera"; y remite al director general del ente las consideraciones realizadas por el propio Consell.

El acuerdo del Consell obvia así que el dictamen de las Cortes dirige las recomendaciones al propio Gobierno valenciano y no al director general del ente RTVV. Un cargo, el de José Vicente Villaescusa, que está obligado a dar cuentas al consejo de administración del ente, elegido por las Cortes Valencianas, y a la comisión de control de RTVV creada en el Parlamento autonómico, pese a que su nombramiento se realiza a propuesta del Consell.

La consejera Portavoz, Alicia de Miguel, insistió ayer en que "los pliegos y la realización del concurso público es responsabilidad del ente" y reiteró que RTVV "sacará el concurso público para posibilitar la participación de la iniciativa privada", aunque sin plazo alguno.

Alicia de Miguel insistió en que Ràdio Televisió Valenciana mantendrá su carácter público y se garantizarán todos los puestos de trabajo de la plantilla actual, aunque se intentará "externalizar" toda la programación posible, incluidos los servicios informativos. "Más independencia y pluralidad no se puede pedir", aseguró la consejera, que eludió pronunciarse sobre la conveniencia de proponer la privatización de los contenidos de Canal 9 a sólo un mes de disolución de las Cortes Valencianas y la convocatoria de elecciones autonómicas.

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Para la consejera Portavoz, el aval de la decisión de privatizar la gestión de Canal 9 está en el respaldo popular. "Eso estaba en nuestro programa [electoral] y se votó. Eso es lo que decidió el pueblo". De Miguel anunció que comunicará el acuerdo del Gobierno valenciano al comité de empresa de RTVV para explicarles que están garantizados los puestos de trabajo.

El acuerdo aprobado ayer por el Consell, tras trasladar al director general del ente la responsabilidad de presentar el concurso de privatización de la gestión en Canal 9 y Ràdio 9, se compromete a presentar la iniciativa legislativa pertinente para crear el Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana, que es la cuarta de las recomendaciones del dictamen parlamentario. Sin embargo, cuando sólo quedan dos plenos por celebrar antes de la disolución de la Cámara y hay más de una docena de leyes en lista de espera, el objetivo parece difícil de cumplir esta legislatura.

Las reacciones al acuerdo del Consell no se hicieron esperar. El consejero socialista de RTVV Miguel Mazón anunció que recurrirá la decisión del Gobierno y tachó de irresponsabilidad que se deje una decisión como la del concurso en manos de José Vicente Villaescusa, todavía inmerso en un proceso judicial. La consejera de EU en RTVV, Gloria Marcos, advirtió que trabajarán por revertir el proceso de privatización y pidió una convocatoria urgente del consejo de administración del ente.

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