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La polémica sobre Cajasur enfrenta a Álvarez y Sanz en una enorme bronca parlamentaria

La consejera de Economía insinúa supuestos beneficios obtenidos por los populares

Tres preguntas del grupo popular en la sesión de control al Gobierno provocaron ayer en el Parlamento una sucesión de broncas, intercambio de acusaciones y duros enfrentamientos entre diputados del PP y los miembros del Ejecutivo de Manuel Chaves. Una vez más, la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, fue el blanco principal sobre el que el PP concentró su munición parlamentaria, en sendos debates conducidos de manera singular por el vicepresidente primero de la Cámara, el popular Matías Conde.

El PP de nuevo interpeló a la responsable de Economía sobre las cajas de ahorro y, teóricamente, sobre los criterios de inspección seguidos por la Junta. Teóricamente porque la pregunta escrita no tuvo nada que ver con la que finalmente pronunció en el pleno el portavoz popular, Antonio Sanz, quien tras acusar a la consejera de emprender una "persecución alocada, partidista y sectaria" contra Cajasur le preguntó: "¿Piensa dimitir?".

Álvarez le recordó que no era esa la pregunta, sino los motivos que han llevado a la Junta a investigar la situación de las entidades financieras como el de "preservar el dinero de los andaluces y velar por la solvencia y estabilidad" de las cajas. Desde los bancos populares las protestas alcanzaron el tono de griterío, ante lo cual el presidente en funciones de la Cámara, el popular Matías Conde, en vez de llamar al orden a los diputados de la derecha optó por dirigirse insistentemente a la consejera a quien instó a que contestara la pregunta de Sanz. "¿Cuál, señor presidente? ¿La que ha presentado por escrito o la que acaba de hacer oralmente?", dijo Álvarez. Conde aparcó sus funciones arbitrales y proclamó que "pedir la dimisión forma parte del debate político".

A partir de ese momento, Sanz y Álvarez entablaron no un diálogo sino un monólogo cargado de acusaciones contra el adversario. "Usted es libre de liderar su suicidio político si quiere, pero lo que no vamos a permitir, ni debiera permitir Chaves, es que vayamos también al suicidio económico del sistema financiero por la actitud irresponsable y frívola de la consejera", aseguró Sanz, quien opinó que Álvarez ha cosechado "ocho bofetadas jurídicas" en torno a Cajasur.

La consejera, que una vez más hizo alusión a la condición de estudiante de Derecho del portavoz popular, contraatacó defendiendo la validez jurídica de las inspecciones de la Junta en las cajas y lanzó una serie de preguntas cuyo eje era establecer una relación opaca entre Cajasur y los populares andaluces: "¿Le parece bien que el señor Castillejo tenga una póliza de 500 millones de pesetas a costa de que los ciudadanos tengan 500 millones menos para obra social?; ¿qué les han prometido, señor Sanz?; ¿qué les han dado?; ¿qué han obtenido en Cajasur?".

Antes de esta pregunta, Magdalena Álvarez oyó como en varias ocasiones el también diputado del PP y presidente de los populares sevillanos, Ricardo Tarno, le instó desde su escaño "a quedarse callada" en asuntos que afectan a la ciudad de Sevilla. Tarno inquirió a Álvarez sobre el acuerdo alcanzado por la empresa EADS-Casa con el Gobierno de EE UU para la construcción de 35 aviones guardacostas en la factoría de Sevilla, acuerdo del que informó la consejera tras entrevistarse con directivos de la compañía en un reciente viaje a Washington. Tarno acusó a la consejera de "frivolidad" y de "poner en peligro" el proyecto con su anuncio, a lo que Álvarez replicó que se había limitado a transmitir el acuerdo que le habían comentado los directivos. "El único que pone en peligro la economía sevillana y española es Aznar que, además de hablar en tejano, nos quiere meter en la guerra", apostilló.

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Minutos después, la bronca parlamentaria la protagonizaron el consejero de Salud, Francisco Vallejo, y los diputados del PP, Juan Pizarro y Jorge Ramos, sobre la situación de las gammacámaras, unos aparatos de alta tecnología para la detección de enfermedades. La denuncia inicial del PP, planteada por su presidenta, Teófila Martínez, hace 15 días, relacionaba el retraso en la puesta en marcha de estas instalaciones con un supuesto caso de amiguismo. Ayer, sin embargo, los diputados del PP destacaron que no tenían licencia de obra, lo que provocó la irritación de Vallejo: "Han intentando un montaje infumable. Empezaron hablando de corrupción y ahora, de una licencia de obra. Intentan todos los días cuestionar la limpieza de la democracia".

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