Chaves anuncia que subirá a 25.000 euros el máximo de renta familiar para acceder a una VPO

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunció ayer que las familias con ingresos anuales de hasta cuatro veces el salario mínimo (25.000 euros) podrán tener acceso a una VPO en el IV Plan de la Vivienda. Chaves culpó al Gobierno central de la subida desorbitada del precio de la vivienda al poner el suelo "en manos de grandes especuladores inmobiliarios". En respuesta a una pregunta de Teófila Martínez, Chaves dijo que el "afán neoliberalizador" de la Ley del Suelo de 1998 declaró urbanizable los terrenos rústicos no protegidos y permitió a los grupos poderosos comprar y "retenerlos de forma especulativa".

Aunque Teófila Martínez preguntó al socialista sobre las medidas de la Junta para garantizar el acceso de la vivienda en Andalucía, el debate entre ambos desembocó en una enorme discusión sobre si es el Gobierno central o el autonómico el que tiene las competencias en la materia. Desde sus primeras palabras, la presidenta del PP atribuyó a la Administración andaluza la responsabilidad "exclusiva" de la vivienda, pese a que la Junta, dijo, suele derivar el problema hacia los ayuntamientos. Aprovechó para acusar a Chaves de "despreciar" la autonomía por no admitir que tiene las competencias completas: "Seguro que mañana , Día de Andalucía, se revestirá usted de un espíritu autonomista cuando, en realidad, día a día renuncia al autogobierno y da paso a una bochornosa dependencia del Gobierno".

El presidente de la Junta -quien conminó varias veces a la popular a "calmarse" durante su intervención- matizó que todas las administraciones (Gobierno, Junta y municipios) son responsables y que, de hecho, es el Ejecutivo central quien tiene la competencia exclusiva del precio del suelo, que es el que determina y encarece el valor final de mercado. Ante la acusación de la portavoz popular de que intentaba escapar de un "balance desastroso! descargando su responsabilidad en el Gobierno, Chaves terminó por culpar al gabinete de José María Aznar del alza precios por su "afán neoliberizador". Chaves explicó que la Ley del Suelo del PP declaró urbanizable todos los terrenos rústicos no protegidos y permitió a los grupos inmobiliarios más potentes comprar y retener la superficie que circunda las ciudades. Esto ha provocado la subida desorbitada de la vivienda: "Es su Gobierno quien ha puesto el suelo en manos de grandes especulares inmobiliarios".

Denunció también que el número de viviendas protegidas con destino a Andalucía ha descendido un 61% dentro del Plan de Vivienda estatal 2002-2005 y, a pesar de que la comunidad tiene una población que significa el 20% de España, sólo se le concede un cupo equivalente al 10%. En consecuencia, sólo se le ha asignado financiación para 7.000 de las 19.000 actuaciones solicitadas por la Junta. El socialista se defendió de los reproches de Martínez por su "ineficacia" y destacó que el porcentaje de la renta que destinan los andaluces a pagar su casa es 10 puntos inferior a la medida nacional "gracias" a la política de la Junta.

Tras destacar que el 3º plan de vivienda andaluz está ejecutado al 100% -con la construcción de 158.047 viviendas, de las que 87.238 corresponden a la Junta con un presupuesto de 128 millones de euros-, el presidente de la Junta indicó que entre las novedades del 4º plan está incluir a las familias con ingresos anuales de hasta cuatro veces el salario mínimo interprofesional (25.000 euros) que se han quedado fuera del acceso a la vivienda libre. La Junta pretende situar la oferta en 15.000 viviendas protegidas anuales, con especial impulso del programa de alquiler para jóvenes.

Martínez, por su parte, denunció que de las 450.000 viviendas protegidas entre 1998 y 2001 sólo 60.000 son públicas. Puntualizó que de esta cantidad, unas 3.000 son de alquiler, lo que se traduce en unas 900 viviendas por año.

En la sesión vespertina, el Parlamento aprobó, a iniciativa del PSOE, una proposición no de ley que insta a la Junta a reclamar al Gobierno central más financiación y cupo de viviendas protegidas, de forma que se financien todas aquellas que cuenten con calificación. También solicita del Gobierno que destine los patrimonios públicos de suelo que hayan perdido su función originaria (como los del Ministerio de Defensa y Renfe) a viviendas protegidas.