La Junta se planteará recurrir ante el TC varios puntos de la renta agraria cuando sea aprobada

La Junta andaluza no se planteará recurrir ante el Tribunal Constitucional algunos de los puntos de la nueva renta agraria hasta que el Consejo de Ministro apruebe el decreto. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, respondió esta forma en el Parlamento a la invitación del portavoz de Izquierda Unida, Antonio Romero, de revisar ya los aspectos de posible inconstitucionalidad para formular un recurso desde Andalucía. Chaves dijo que lo "prudente" es esperar a conocer los preceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES) -donde están representados la patronal y los sindicatos- antes de entrar a valorar la reprobación.

Romero se refería a la obligatoriedad para cobrar la renta agraria de tener una antigüedad de empadronamiento de diez años o a la exigencia de contar con cinco años de alta en la Seguridad Social a los trabajadores mayores de 45 años, con lo que, entiende, se puede penalizar a las mujeres.

El portavoz de IU dijo que hay que exigir que el decreto se apruebe rápidamente porque existen 16.000 jornaleros esperando para acogerse a la renta agraria y Andalucía ha dejado de percibir unos 100 millones de euros desde que se promulgó el decretazo. "Todavía no han aprobado el decreto y ya se han puesto a emitir la publicidad", criticó Romero, quien insistió que es necesario saber qué es lo que va a hacer la Junta.

Manuel Chaves quiso dejar claro que el Ejecutivo andaluz no se ha quedado "quieto" tras la restitución de los derechos de los trabajadores del medio rural y ha planteado siete alegaciones al texto del Ministerio de Trabajo, con el que coincide en lo básico.

Alegaciones

Entre las alegaciones planteadas por la Junta de Andalucía destacan el refuerzo de la naturaleza contributiva del subsidio, eliminar los límites de número de veces que se solicita las percepciones, que se reconozcan las prestaciones realizadas en el marco del AEPSA (antiguo Plan de Empleo Rural), y la supresión de los diez años de empadronamiento en la comunidad, las normas que hacen una distinción de sexos y también las que invaden competencias de la comunidad autónoma de Andalucía.

Estas mismas reformas son defendidas por los sindicatos CC OO y UGT. Chaves recordó también que la Junta impulsó iniciativas jurídicas y políticas desde que se conoció el llamado decretazo, incluido el recurso al Tribunal Constitucional que se interpuso contra la norma que ha sido modificada. Según el presidente andaluz, el "objetivo" se alcanzó con la restitución de los derechos de los trabajadores tras el triunfo de las movilizaciones ciudadanas.