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COLUMNA

La clausura cautelar de 'Egunkaria'

La clausura temporal de la empresa editora de Euskaldunon Egunkaria (y de la propia publicación: un diario en euskera fundado hace 13 años) decidida hace siete días por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional fue seguida ayer por la prisión preventiva dictada contra cinco de los diez detenidos (entre ellos un jesuita y un franciscano) acusados de pertenencia a banda armada. La medida cautelar sufrida por Egunkaria, tomada al amparo del artículo 129 del Código Penal, fue aplicada también en su día al diario Egin y a su empresa editora. Aunque el secreto sumarial no permita adelantar conclusiones ciertas al respecto, la irregular y esperpéntica nota sobre el caso fabricada al alimón por el Ministerio del Interior y la Audiencia Nacional ofrece una base para establecer ciertos paralelismos: tanto Egunkaria como Egin dependerían secretamente de ETA y habrían servido para facilitar la financiación ilegal y el lavado de dinero negro de la banda. No parece, en cambio, que las páginas de Egunkaria fuesen utilizadas por los terroristas para enviar desde Francia instrucciones operativas a los comandos encargados de realizar atentados en España, tal y como ocurrió -según el juez Garzón- con el diario Egin.

Como sucede con las resoluciones judiciales capaces de influir sobre la vida política, las medidas dictadas por el magistrado Del Olmo han sido recibidas con atronadoras palmas o con ruidosos pitos desde el graderío: así como los hinchas futbolísticos ovacionan o linchan a los árbitros según el trato dado a sus equipos, así los dirigentes de los partidos aplauden o abroncan a los jueces en función de que beneficien o perjudiquen sus intereses particularistas. Aunque el ministro de Justicia apela siempre al sentido común como justificación de sus ultraconservadoras opiniones, el entusiasta respaldo dado por Michavilla al cierre de Egunkaria nada mas conocer la noticia y su valoración jurídico-técnica del "fundamento" del auto (supuestamente probatorio de que el diario clausurado "es un instrumento de la acción terrorista") sin conocer todavía el contenido de un sumario oficialmente secreto corresponden más al figurín de un frívolo chisgarabís que a la figura de un gobernante responsable. Tampoco los populares suelen guardar las formas frente a las decisiones judiciales que les disgustan: el actual titular de Interior, Ángel Acebes, embistió contra el Supremo -cuando era titular de Justicia- por desestimar la petición de procesamiento de Otegi.

Por su lado, el Gobierno de Vitoria y los partidos nacionalistas también han opinado de forma alegre sobre un sumario cuyo contenido ignoran igualmente. Mientras el portavoz Egibar afirma que el auto del magistrado Del Olmo es "una medida propia de los Estados totalitarios", Xabier Arzalluz aprovecha el viaje para pedir la disolución de la Audiencia Nacional; resulta paradójico, sin embargo, que las primeras sospechas acerca de los nexos de Egunkaria con ETA fuesen lanzadas a comienzos de los noventa precisamente por Egibar y Juan María Atutxa. Los nacionalistas critican la clausura de Egunkaria en nombre de la libertad de expresión y de la protección al euskera, dos limpias banderas; aunque esa línea argumental plantea problemas reales y debe ser examinada con cuidado, sólo el levantamiento del secreto sumarial permitirá en su día saber a ciencia cierta si la adopción de medidas judiciales desproporcionadas o abusivas han lesionado o no bienes constitucionalmente protegidos en este supuesto concreto.

Resulta preocupante, a este respecto, que el auto del juez Del Olmo no sólo fundamente el cierre de Egunkaria sobre la base de los servicios prestados por su empresa editora a la financiación ilegal de ETA sino que también se refiera a la difusión por su "estructura informativa" del "ideario" y de los "valores" de la organización terrorista. La impugnación de las subvenciones concedidas por el Gobierno de Vitoria al periódico -económicamente inviable de contar sólo con el mercado- corre igualmente el riesgo de confundir indebidamente el hipotético desvío ilícito de esos fondos presupuestarios hacia ETA con "el especial respeto y protección" que el artículo 2 de la Constitución garantiza a lenguas minoritarias como el euskera.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de febrero de 2003