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El general Galindo, condenado a 71 años por el asesinato de Lasa y Zabala

El general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y el que fuera primer gobernador civil de Guipúzcoa con el PSOE, Julen Elgorriaga, fueron condenados ayer por la Audiencia Nacional a penas que suman 71 años de cárcel para cada uno por el secuestro y asesinato de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Por los mismos hechos se condena a 69 años al teniente coronel de la Guardia Civil Ángel Vaquero y a 67 años y 8 meses al ex sargento Enrique Dorado y al cabo retirado Felipe Bayo. El tribunal, sin embargo, absuelve de todos los cargos al ex secretario de Estado Rafael Vera y al abogado Jorge Argote.

Dorado y Bayo, únicos encausados que se encuentran en prisión, son

condenados como autores materiales del asesinato de los dos jóvenes. Tanto

el fiscal como las acusaciones han anunciado su intención de pedir el

inmediato ingreso en prisión de los condenados que se encuentran en

libertad. Las penas impuestas son inferiores a las solicitadas por el

fiscal. Los condenados han anunciado su intención de recurrir la sentencia.

Lasa y Zabala fueron secuestrados en Bayona (Francia) el 15 de octubre de

1983. Sus cadáveres fueron hallados en Busot (Alicante) en 1985, aunque no

fueron identificados hasta 10 años después. Según la sentencia, los

jóvenes, tras ser secuestrados, fueron trasladados al palacio de La Cumbre,

en San Sebastián, un edificio del Gobierno Civil, donde fueron interrogados

durante varios días. Posteriormente se les trasladó a un paraje solitario

de Busot, donde fueron asesinados con tiros en la cabeza. En los

interrogatorios de La Cumbre participaron en una ocasión Galindo y

Elgorriaga. El texto añade que ambos, en 1983, "al tener conocimiento de

que en el Ministerio del Interior se iba abriendo camino la idea de aceptar

la realización de acciones violentas contra miembros de ETA refugiados en

el sur de Francia, decidieron intervenir". Los condenados lo son por los

delitos de detención ilegal y asesinato, pero no por los de torturas e

integración en banda armada, por los que el fiscal también pedía la

imposición de penas. El PSOE consideró, en un comunicado, que la sentencia

pone de manifiesto que la guerra sucia contra ETA no fue propiciada ni

asumida por el Gobierno socialista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de febrero de 2003

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