Los letrados del Parlamento gallego defienden que el Ejecutivo comparezca por el naufragio

Los servicios jurídicos del Parlamento gallego defienden que la comisión de investigación creada en la Cámara a fin de esclarecer el accidente del Prestige tiene atribuciones legales para reclamar la comparecencia del delegado del Gobierno en Galicia, vetada por la Administración central. Los letrados del Parlamento autonómico, en un dictamen que se conoció ayer, no se pronuncian sobre la posibilidad de que el delegado haya incurrido en un delito de desobediencia por negarse a dar explicaciones. Pero, como existen dudas legales sobre esa cuestión, el informe señala que cualquier diputado puede aclararla recurriendo a la fiscalía.

La comisión investigadora sobre el Prestige, creada en diciembre en la Cámara gallega, está en vía muerta desde hace varias semanas después del abandono de los dos grupos de la oposición, BNG y PSOE. Ambos sostienen que el PP ha impedido de antemano llegar al fondo del asunto al prohibir el Gobierno central que comparezcan ante la Cámara gallega sus altos cargos y funcionarios. Tras el abandono de socialistas y nacionalistas, el PP ha propuesto disolver la comisión.

Uno de los altos cargos de la Administración central a los que se ha impedido prestar testimonio es el delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, quien actuó como portavoz del gabinete de crisis constituido inmediatamente después del accidente. Los abogados del Estado alegaron en su día que los cargos de la Administración central no estaban obligados a dar explicaciones ante una Cámara autonómica. El argumento es rebatido ahora por los servicios jurídicos del Parlamento gallego, que entienden que la catástrofe del Prestige afecta de lleno a materias que son competencia exclusiva de la comunidad autónoma, como la pesca y el marisqueo, y a otras compartidas con el Estado, entre las que figura el salvamento marítimo.

Auxilio y colaboración

Los letrados deducen de ahí que la Cámara gallega puede "legítimamente" investigar actuaciones relacionadas con esas materias e inciden en el "deber de auxilio y colaboración recíprocos entre el Estado y la comunidad autónoma" cuando se trate de facultades compartidas entre ambos. Sin embargo, los servicios jurídicos de la Cámara gallega no se pronuncian sobre la posibilidad de que los altos cargos de la Administración central hayan incurrido en un delito de desobediencia, establecido por el Código Penal para los que se nieguen a colaborar con una indagación parlamentaria.

Tras conocer el dictamen, BNG y PSOE van a pedir al PP que reactive la comisión investigadora llamando a declarar al delegado del Gobierno. Los nacionalistas también propondrán que se consulte a la fiscalía para que determine si los representantes del Estado han incurrido en delito por su negativa a comparecer.