Mas de 40 alcaldes reclaman "medidas urgentes" ante la falta de efectivos policiales

La falta de policías nacionales inquieta a los alcaldes de las provincias de Barcelona y Tarragona. Juntos o separados, unos 40 alcaldes de todas las formaciones políticas, excepto los del PP, han realizado innumerables reuniones con los responsables de Interior del Gobierno catalán y central y llevan meses reclamando más policías. Pero aseguran que tan sólo han obtenido "buenas palabras". Los alcaldes se quejan de que el repliegue del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil se está adelantando a la llegada de los Mossos, lo que les deja sin efectivos suficientes.

Las más afectadas son las poblaciones de las provincias de Barcelona y Tarragona. En algunas comarcas como, por ejemplo, el Vallès Occidental, los Mossos no llegarán hasta 2007. En Tarragona será un año más tarde cuando los agentes de la policía autonómica sean visibles para la ciudadanía. En el interregno, en muchas ciudades de estas provincias, las plantillas de agentes no llegan ni al 60% de lo que se estableció en 1997.

"Una situación insostenible", a juicio de la cuarentena de alcaldes, entre ellos el de Tarragona, el convergente Joan Miquel Nadal; el de L'Hospitalet, el socialista Celestino Corbacho, que tendrá Mossos mucho antes que sus compañeros, en octubre de este año, y el de Sabadell, Manuel Bustos, del PSC. Todos ellos se reunieron ayer para manifestar su preocupación ante "la dejadez del Gobierno central en este asunto" y reclamar "medidas de urgencia".

Los alcaldes ponen sobre la mesa casos como el de L'Hospitalet, donde hay 130 policías, la mitad de lo acordado. Otro caso ilustrativo es el de Sabadell. La plantilla teórica de la policía, de acuerdo con las cifras facilitadas en 1997 por el Ministerio de la Presidencia era de 180 agentes. La actual es de 131. En Cerdanyola se repite la situación: de los 71 policías previstos, hay 49. En los 33 municipios que conforman la región metropolitana, donde vive una población de 3,5 millones de personas, la proporción es de 1,1 agentes por cada 1.000 habitantes.

El problema, señalan los alcaldes, es que "las vacantes que se van produciendo en la policía y la Guardia Civil no se cubren, y año tras año están disminuyendo las dotaciones policiales". En un documento, reclaman que se revisen las dotaciones previstas en el año 1997, teniendo en cuenta el aumento de la población en la mayoría de municipios y piden una reunión urgente con el ministro del Interior, Ángel Acebes.

Para seguir de cerca los pasos del Gobierno en este sentido, los alcaldes han creado una comisión. El primer edil de Sabadell, Manuel Bustos, destaca: "[Los alcaldes] queremos una información transparente y permanente de qué dotaciones se destinarán a nuestros municipios y cuándo se cubrirán". Bustos también pide más competencias municipales para coordinar estos efectivos.

Por su parte, Celestino Corbacho, aseguró ayer estar "harto de buenas palabras, la realidad es que no cumplen con lo que dicen". El alcalde de L'Hospitalet es tajante: "Queremos una respuesta antes de la elecciones municipales y no tan sólo declaraciones de principios". Corbacho también expuso que en el caso del municipio que gobierna las vacantes se llenan con "personas que están en prácticas sin la formación necesaria, y en cuando acaba esta formación de seis meses piden el traslado".

Agentes locales

El alcalde de Tarragona apuntó que la única solución es que Acebes decrete la "obligatoriedad de destinar los agentes a Cataluña en cuanto salgan de las escuelas".

Otra queja de los alcaldes es que la Policía Local tiene que asumir la falta de agentes nacionales y realizar competencias que en un principio no le corresponden. Para "garantizar la seguridad y la convivencia, sin tener tampoco la financiación para hacerlo", aseguran los alcaldes, "nos vemos obligados a realizar un esfuerzo de recursos muy importantes".

En el documento, los alcaldes también aseguran que "la seguridad ciudadana es uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía", porque "ha aumentado la pequeña delincuencia y la reincidencia en pequeños actos delictivos".

No obstante, fuentes de la Delegación de Gobierno de Barcelona informaron de que en la provincia de Barcelona la delincuencia disminuyó el año pasado entre el 8% y el 10%.