El juez cierra el diario 'Egunkaria' por supuesta relación con ETA

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo clausuró ayer de manera cautelar y suspendió la actividad del periódico Euskaldunon Egunkaria y de la sociedad que lo edita por supuesta relación con ETA. Del Olmo ordenó una operación de madrugada en la que participaron 300 guardias civiles y que concluyó con la detención de 10 directivos del periódico y de la editora. Los tres partidos del Gobierno vasco consideraron la operación un "ataque al euskera, a la libertad de expresión y a la sociedad vasca".

Del Olmo aclaró ayer, a través de una nota de prensa, hecho insólito en la Audiencia, y que además fue pactada con el fiscal y el Ministerio del Interior, que su investigación judicial se basaba en los documentos incautados a ETA en los noventa. En ellos se apuntaba que la banda terrorista creó Egunkaria -el único periódico de Euskadi editado íntegramente en vasco-, eligió a sus directivos e instrumentalizó la publicación en beneficio propio.

Entre los detenidos, a los que Interior acusa de pertenencia o colaboración con ETA, figuran el presidente del consejo de administración, el director, el gerente, el apoderado, consejeros, socios fundadores y un ex subdirector del periódico. Los agentes que intervinieron en la operación registraron los domicilios de los detenidos y de las sedes del periódico y se incautaron de diversa documentación y ficheros informáticos. Tras nueve horas de registro, la Guardia Civil precintó la sede principal del diario, ubicada en Andoain (Guipúzcoa), y las oficinas de Bilbao, Vitoria y Pamplona -sólo mantiene abierta la de Bayona (Francia)-.

Del Olmo aclara en su nota de prensa que sus pesquisas están relacionadas con estudios económicos, contables y financieros y pretende probar cómo ETA financia el periódico Euskaldunon Egunkaria a través de empresas relacionadas.

La clausura de la publicación desató las protestas de los tres socios del Gobierno vasco. El PNV consideró el cierre del periódico como "un ataque al euskera y a la sociedad vasca"; Eusko Alkartasuna interpretó que la decisión judicial vulneraba el derecho fundamental a la libertad de expresión, mientras que IU opinó que la clausura de la publicación suponía un "ataque directo al euskera y a la libertad de expresión".