La Junta lleva a la Fiscalía Anticorrupción supuestas apropiaciones indebidas en Cajasur

La Junta de Andalucía decidió ayer remitir a la Fiscalía Anticorrupción información sobre varios hechos detectados en la gestión de Cajasur en los últimos tres años que, a juicio del Ejecutivo que preside Manuel Chaves, "pudieran estar fuera del ámbito financiero-administrativo y residenciarse en el ámbito penal". Según fuentes autonómicas, la inspección desarrollada por la Consejería de Economía, interrumpida ayer mismo por "obstruccionismo de la caja", ha detectado indicios de supuestos delitos de apropiación indebida y falsedad en documento contable.

La inspección autonómica sobre los tres últimos ejercicios ha detectado operaciones en la caja que, supuestamente, ocultaban apropiaciones indebidas de fondos corrientes de la entidad y de sus presupuestos de la obra social por un valor global de 10,3 millones de euros. Las fuentes consultadas no precisaron qué personas habrían realizado esa supuesta apropiación indebida. La Junta también aprecia un posible delito de falsedad documental al no reflejar las auditorías la situación económica real de la caja en estos tres ejercicios.

Junto al escrito de denuncia, que fue presentado por la tarde por dos funcionarios de la Consejería de Economía en la sede de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, la Junta entregó un resumen de las actas levantadas por los inspectores que han estado analizando las gestión de la caja cordobesa que preside el sacerdote Miguel Castillejo. La inspección, iniciada en octubre pasado, se centra en los ejercicios 2001 y parte del año pasado, "salvo aquellas actuaciones que por su trascendencia e incidencia más allá del ámbito puramente financiero-administrativo, se ha considerado conveniente extender al año 2000 y la totalidad del ejercicio 2002".

Economía entiende que algunos hechos de esta gestión han de "ser objeto de remisión a esa fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción" y solicita que "si la fiscalía lo considera conveniente", se informe de los hechos denunciados a todos los Ayuntamientos donde Cajasur tiene abierta alguna oficina.

La Junta justifica justamente en la cuantía económica de los supuestos delitos denunciados y en la extensión de la clientela que puede verse afectada por las irregularidades en la gestión de Cajasur la remisión de estos hechos a la Fiscalía Anticorrupción.

El Ejecutivo andaluz decidió ayer por la mañana dar por cerrada "de forma provisional" la inspección "ante el obstruccionismo de la caja". En un acta que levantaron los inspectores y firmó un representante de la caja cordobesa, la inspección hace constar los continuos requerimientos de diversa documentación que no han sido atendidos por Cajasur en las últimas fechas. Los inspectores, ante el vencimiento del último plazo dado a la entidad cordobesa para que entregara la información solicitada, decidieron dar por finalizada con carácter provisional la realización de su labor supervisora.

Resistencia a la inspección

La "negativa o resistencia a la actuación inspectora siempre que medie requerimiento expreso y por escrito" es uno de los supuestos en los que la Ley andaluza de Cajas entiende que una entidad financiera puede incurrir en una infracción muy grave. La Consejería de Economía tiene ahora la opción de abrir un expendiente a Cajasur que puede derivar en una multa "por importe de hasta el uno por ciento de sus recursos propios o la revocación de la autorización de la entidad", que es lo que prevé el régimen sancionador de la ley para este tipo de infracciones.

Esta misma inspección fue la que detectó indicios de ilegalidad en la póliza de 2,9 millones de euros contratada por Cajasur en septiembre de 2001 para garantizar a Miguel Castillejo una renta vitalicia de 213.000 euros al año cuando deje la entidad. La caja cordobesa recurrió, hasta ahora sin éxito, esta inspección por vía administrativa y judicial al entender que la contratación de la consultora privada KPMG para colaborar con los funcionarios autonómicos vulneraba la ley.

Cajasur también ha esgrimido en las últimas semanas que la reciente adscripción de la caja cordobesa a la Ley Financiera, que deja la tutela administrativa de la entidad en manos del Ministerio de Economía impide a la Junta realizar esta actividad inspectora. Como réplica, el Ejecutivo andaluz ha señalado que la tutela del Gobierno sólo hace referencia a la composición de los órganos de gobierno y al presupuesto de la obra social y que, en cualquier caso, no tiene efectos retroactivos.