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Columna
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¿Y ahora qué?

Con motivo del dramático referéndum que González propuso en 1986 al país para la permanencia de España en la OTAN después de haber jugado con las emociones, prejuicios y partis pris de buena parte de la opinión entonces de izquierdas que creyeron en la campaña anterior del PSOE donde de entrada se decía no a la OTAN, y ante el peligro de que pudiese ganar el ¡No! acabó imponiéndose en el cálculo de las consecuencias del voto negativo la necesidad de responder a la pregunta de quién habría de administrar la derrota del gobierno.

En aquellos días se vio claro que el planteamiento mendaz de la cuestión por parte de los socialistas invitaba a IU, a los nacionalistas catalanes, vascos, gallegos... y a los votantes de la derecha a unir su voto donde más le doliera al PSOE (el no ganó en Euskadi, en Cataluña por muy poco y en Navarra). El resultado global del referéndum, claramente favorable al (52,53 %), dejó claro que a pesar de la tentación buena parte del voto entonces de izquierda y centro-izquierda, del voto de centro-derecha y derecha acabó inclinando la balanza hacia el único resultado que garantizaba una administración sin sobresaltos de la cuestión, a pesar de que la abstención tuviera un papel bastante destacado en algunas comunidades (espectacular en Galicia, y del 40,26 en el total); la perspectiva de un triunfo del no hubiera convertido a IU en imposible administrador virtual de la derrota gubernamental, habría puesto a las derechas en una difícil posición ante Europa y a la sociedad española dentro de un fiasco de graves consecuencias. El actual líder de IU, un poco amnésico de lo que ocurrió entonces, sugería hace pocas horas que quizás el gobierno debería convocar un referéndum para resolver la posición de España en el Consejo de Seguridad de la ONU, se supone que también en la OTAN, y, de paso, en la UE. Por su parte, el líder del PSOE, colocándose temerariamente en el lugar de la IU de entonces pretende que todo lo que se movilizó en las manifestaciones del fin de semana pasado debe sumarse estricta y específicamente en un abstracto haber anti-gubernamental como si el resto de relevantes elementos que configuran la voluntad política de este Estado hubiesen dejado de tener relevancia. A quienes entienden (o así lo proclaman) que las decisiones de la ONU, de la OTAN, o de la UE que se opongan a sus particulares y sobrevenidos innegociables no deben ni escucharse, ni obedecerse, ni tenerse en cuenta debería exigírseles que expliquen claramente una vez conseguido deslegitimar a las organizaciones internacionales en las que el Estado tiene adquiridos poderosos compromisos qué es lo que podría guiar hacia el orden justo del mundo por el que parece que claman.

La barbaridad es de tal tamaño que sólo la torpeza del Gobierno español a la hora de explicar lo fácilmente explicable enmascara la de sus contradictores. En lo que está ocurriendo estos días, la oposición, en su objetivo de triturar la credibilidad del Gobierno pretende incluso que el común de los ciudadanos desconfíe hasta de las instituciones internacionales, pero ni siquiera les importa qué es lo que habría más allá de la ONU de ser creíble este maximalismo tremendista ni si las posiciones de Francia y Alemania son tan indefendibles como las de España o Gran Bretaña. El debate de ayer corrobora que la oposición de izquierda tendrá que responderse muy pronto quién va a administrar sus propios errores.

Vicent.franch@eresmas.net

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