Los 'sin papeles' con pasaporte de la UE

Los pinares que cubren de verde las arenas entre El Rocío y Almonte albergan estos días a decenas de familias portuguesas de etnia gitana. Estamos hablando de centenares de personas, entre ellos un altísimo número de menores que corretean con las caras sucias entre las candelas de los campamentos de plástico levantados por sus mayores. La semana pasada se desmantelaron varios de estos campamentos en Lepe y Cartaya. Hoy la Junta de Seguridad del Ayuntamiento de Almonte estudia si hace lo mismo en los de su municipio.

Pero la llegada de estas personas semanas antes de la primavera no es nada nuevo ni, por lo tanto, ningún imprevisto para autoridad alguna. Aurora, una joven de impactantes ojos azules y pelo dorado asegura que su familia ha venido a la zona desde hace más de siete años. Éste falta una de sus hermanas, por la que lleva luto riguroso. Mientras mece a su hijo recuerda como les es tradicional cada febrero empacar lo que tienen y trasladarse a algún espacio abierto de la provincia de Huelva durante tres o cuatro meses. La razón no puede ser otra que el dinero. O mejor dicho, la perspectiva de hacerse con un puñado.

El trabajo es más que abundante durante esa temporada en la zona. La recogida de la fresa, puede verse seguida de otras cosechas y los adultos de estos campamentos tienen ingresos asegurados durante un considerable periodo de tiempo. Ninguno de los ocupantes de los tres campamentos situados al borde de la carretera entre El Rocío y Almonte tiene un contrato de trabajo que pueda enseñar. Algunos no se fían del visitante e incluso aseguran que están allí de "acampada". Así lo asegura un hombre de mediana edad al que el recelo le lleva a decir que se llama Antonio aunque previamente le presentaron como José.

Éste pelaba erizos, hinchados tras pasar una rato sobre las brasas, al tiempo que bajo su poblado mostacho negro brotaban maldiciones contra la policía. Y es que ya les han comunicado que tienen que levantar el campamento. "Lo pondremos un poco más allá", sentenciaba desafiante un joven de tez oscura y ojos estrechos como cuchilladas.

Y es que la situación no es sencilla. Estas personas son ciudadanos de la Unión Europea y no se les puede restringir sus movimientos sin motivo. Si fuera verdad que tienen contratos de trabajo en el campo, la vivienda debería de venir de la parte del patrón, las autoridades tendrían que procurar la escolarización de los menores, etcétera, etcétera. Pero eso sería en un mundo ideal. En las zonas agrícolas andaluzas aún persisten actitudes que se resisten a gastar un duro más de lo necesario. Frases como "a ellos lo que les gusta es estar en el campo" son frecuentes pero tan sólo son una excusa para ahorrarse el pago del alojamiento.

Estas familias llegan a la zona fresera desde hace años. Su disponibilidad para el trabajo y el que no hagan ascos al dinero ajeno a la contabilidad les convierte en útiles para algunos agricultores. Pero ninguna autoridad puede decir que se tata de un imprevisto o que es únicamente un problema de seguridad.