El juez del 'caso Turismo' exige a un banco los datos que no aportó

¿Dónde acabó el dinero de las empresas del caso Turismo? Ésa es la pregunta que pretende responder el juez que investiga las presuntas irregularidades económicas en el Consorcio de Turismo de Cataluña, un organismo dependiente de la Generalitat. Por ello, el magistrado ha dictado un auto en el que exige al Banco Atlántico que le informe sobre los pagos realizados por una de esas empresas beneficiarias mediante cheques después de que la entidad fianciera negase información a la Guardia Civil.

El juez Francisco González Maíllo, titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona, encargó hace más de un año a la Guardia Civil que indagase en la actividad económica de Gestumer, Pasanger, Socesca y Global Business, las principales sociedades beneficiarias de los informes encargados por el Consorcio de Tursimo. Estos informes, según revela la investigación judicial, eran burdas copias de folletos y de nula utilidad.

El informe de la Guardia Civil fue entregado a finales de noviembre de 2002 y constataba que esas sociedades se nutrieron durante años de encargos concedidos por la Generalitat o de pagos extra de otras sociedades u organismos que recibían ayudas de la Administración autonómica. Por ese motivo, el juez llegó incluso a abrir dos causas al margen de este proceso.

Las sociedades beneficiarias están vinculadas a militantes de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) como Santiago Vallvé o Víctor Manuel Lorenzo Acuña, dos de los 27 imputados en el caso. Entre ellos también figura Joan Cogul, ex director del Consorcio de Turismo de Cataluña. La Guardia Civil explicaba que no podía determinar el destino de las subvenciones recibidas por esas empresas porque los bancos les negaron información.

El juez insistió entonces en que el Banco Atlántico aclarase el pago de unos cheques cargados en una cuenta abierta de Gestumer, una "sociedad pantalla para desviar dinero público", según el magistrado. El banco respondió el 16 de diciembre con una relación de 25 cheques de entre 61.000 y 1.100.000 pesetas abonados entre el 25 de octubre de 1996 y el 20 de enero de 1998, pero precisaba que "sobre dichos movimientos carecemos de los originales, pues han sido truncados por otras entidades de crédito o han sido entregados a otros organismos oficiales".

Xavier Rotllan, abogado que ejerce la acusación particular en el caso, pidió entonces al juez que reclamase de nuevo a la Guardia Civil que amplíe su investigación para averiguar los titulares de las cuentas y las firmas autorizadas por las que han pasado los cheques. Ese abogado entendía que recomponer la cadena que han seguido los cheques "no ha de ser excesivamente difícil", porque el Banco Atlántico ya facilitaba la primera cuenta donde se ingresaron los cheques.

Diez días de plazo

El juez ha atendido la petición del abogado y concede 10 días improrrogables al Banco Atlántico para que informe de los pagos de los cheques o diga las razones que le impiden hacerlo. El juez advierte al banco, recogiendo también el razonamiento del abogado Rotllan, que "el término truncado no justifica ni aclara que no se le responda al requerimiento".

Cuando la Guardia Civil reveló que los bancos habían negado información (véase EL PAÍS del pasado 3 de diciembre), el director general del Banco Atlántico, Augusto Caro Santa Cruz, remitió una carta a este diario en la que ya explicaba que "por los sistemas de pago en vigor (truncamiento de talones), el banco no conoce la identidad del que lo cobra, que son en este caso una minoría y por otra parte los de menos importe".