¿Vivienda o vivienda pública?

Según el último barómetro trimestral del Ayuntamiento de Barcelona, la vivienda se ha colocado, por primera vez, entre los tres problemas más importantes de la ciudadanía. Esta constatación no es una sorpresa. El precio de los pisos ha crecido de forma desmesurada, con incrementos superiores a cuatro o seis veces el IPC. Mientras que los inversores particulares y las instituciones financieras se abalanzan sobre la vivienda para obtener beneficios, la mayoría de la población tiene cada vez más dificultades para acceder a una asequible. Esta realidad, junto con el espejismo del bajo coste de las hipotecas, ha comportado que el esfuerzo económico familiar para adquirir una vivienda, es decir, para pagar la hipoteca, se haya incrementado de forma alarmante, con un aumento en el último año de 10 puntos, y se haya situado en Cataluña en el 61,7% de los ingresos familiares. Es decir, casi el doble del límite de la tolerancia o valor óptimo para asegurar el pago del crédito hipotecario, que se sitúa en el 33%.

Desde el año 1996, mientras que el total de viviendas construidas y su precio han aumentado exponencialmente, el número de viviendas de promoción pública y protegidas ha caído en proporción inversa. Lo cierto es que, tanto para el Gobierno del Estado como para el autónomo, la política de vivienda no ha sido nunca una prioridad. Como dicen Álvarez- Cascos y Aznar, si los precios suben es porque alguien los puede pagar, o como dice Pujol, la gente joven no tiene problemas para tener piso. Una muestra de este desinterés son los reiterados incumplimientos de los planes de vivienda del Gobierno central y de la Generalitat, en los cuales apenas se invierte la mitad del dinero presupuestado para construir viviendas protegidas.

La Ley de Urbanismo de Catalunya para generar reserva de suelo para vivienda pública podía haber introducido un porcentaje del 50% sobre el techo de nueva implantación, porcentaje que se aplica en ciudades de gran transformación urbana, como Barakaldo. En cambio, los votos de CiU y ERC limitaron este porcentaje al 20%.

El fracaso de la Ley del Suelo del Gobierno del PP es evidente. El resultado ha sido el acaparamiento de suelo por parte de promotores y entidades financieras, que harán un uso dosificado asegurándose así una repercusión mucho más elevada sobre el valor de aquí a unos años. Como muestra, basándose en esta ley, el Ayuntamiento de Madrid ha calificado más de 80 millones de metros cuadrados para nueva vivienda, más de la mitad de los cuales están controlados por ocho grandes empresas. Desde 1998 el precio de la vivienda ha aumentado más del 70%. Paralelamente, los hogares de la Comunidad de Madrid ocupan el segundo lugar del esfuerzo familiar para la compra de un piso (69% de los ingresos familiares). En definitiva, después de haberse calificado ya como suelo urbanizable una cantidad suficiente como para hacer cinco millones de viviendas en todo el Estado, el precio del suelo y de la vivienda se ha disparado desde 1998, por lo tanto no es la falta de suelo la principal causa del encarecimiento de la vivienda, sino su uso especulativo.

La cuestión central, por tanto, no está simplemente en hacer más pisos, sean 65.000 o 100.000 como propone el alcalde Clos, y que después acaben como destino del ahorro de familias de rentas altas, sino en cuántas viviendas públicas y de alquiler necesitamos. Las propuestas del alcalde no parecen encaminadas a resolver este problema.

La modificación de las normas urbanísticas para poder hacer viviendas más reducidas es una acción que considerar, pero si no va acompañada de la obligatoriedad de que una parte sustancial sean viviendas sociales y de alquiler, en realidad puede fomentar el aumento del coste por metro cuadrado de la vivienda, incrementando las plusvalías de los promotores privados, sin repercusión en beneficio de la ciudadanía.

Por otra parte, la construcción de vivienda en suelo industrial sólo es admisible si se conserva el techo industrial existente. La diferencia entre el techo existente y la edificabilidad máxima prevista por la normativa urbanística debería servir íntegramente para construir un parque de viviendas sociales y de alquiler.

Una política municipal contundente en vivienda comporta también una acción decidida en la obtención y gestión del suelo público. Es básica en este sentido la constitución del patrimonio de suelo municipal.

Pero para resolver el problema del acceso a la vivienda es imprescindible un giro radical en las actuaciones de las administraciones responsables, Estado y Generalitat, que suponga: 1. Aumentar la inversión en vivienda pública hasta alcanzar la misma proporción del PIB de otros países europeos, es decir, pasar del 0,5% al 2%, y cumplir los objetivos de los planes de vivienda que se hayan pactado con los ayuntamientos. 2. Controlar y limitar por ley el precio del suelo, para evitar que se utilice como un valor especulativo, considerándolo como bien de uso social. 3. Legislar la obligatoriedad de la cuota de protección en todas las promociones de vivienda y su control público en la adjudicación, de tal manera que al menos el 20% de cada promoción privada se dedique a vivienda de protección oficial. 4. Aplicación del derecho de tanteo y retracto en todas las transmisiones de vivienda protegida. 5. Desgravación fiscal del alquiler superior al nivel de la compra. 6. Impulsar la cooperación con operadores sin afán de lucro. 7. Establecer ayudas al alquiler para las personas que tienen más dificultades de renta. 8. Creación de una agencia catalana de la vivienda para gestionar un parque público de alquiler a precio asequible. Promovería mediante convenios con particulares, cooperativas y fundaciones, la disposición, gestión y administración de pisos desocupados.

En conclusión, lo más importante, más que dar grandes cifras de construcción total de viviendas, es dar respuesta al amplio sector de personas con dificultades para acceder a ellas. Este objetivo requiere para los próximos cuatro años hacer en Barcelona 12.000 viviendas sociales, la mitad de las cuales tendrían que ser en régimen de alquiler.

Imma Mayol es cuarta teniente de alcalde y presidenta del grupo municipal de ICV.