La Audiencia vizcaína reabre el caso contra el ex decano de Medicina

La Audiencia Provincial de Vizcaya ha ordenado la reapertura de la causa contra el ex decano de Medicina de la Universidad del País Vasco (UPV) Javier Goiriena y contra la ex directora del Departamento de Estomatología Monserrat Barranquero por supuesta malversación de fondos públicos. Fuentes del Rectorado confirmaron la reapertura del caso, que el juez de Instrucción número 4 de Getxo archivó hace un año al considerar que los fondos supuestamente malversados no eran caudales públicos.

El rector de la UPV, Manuel Montero, denunció ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, en septiembre de 2000 (seis meses después de acceder al cargo), las supuestas irregularidades económicas cometidas por Goiriena y Barranquero en la gestión del Departamento de Estomatología de la mencionada facultad. La Audiencia vizcaína ha reabierto ahora el caso atendiendo al recurso del Rectorado de la UPV y de la acusación particular, que representa a la asociación Garbi eta Zuri (Limpio y blanco).

El tribunal sostiene en el auto en el que ordena reabrir la instrucción que el que los fondos supuestamente malversados por Goiriena y Barranquero fueran públicos o no es menos importante que "el proceder de los denunciados", quienes recibieron esos fondos "para administrarlos y destinarlos a cursos y actividades", por lo que no pueden quedar "al antojo de los imputados", según informaba El Correo en su edición de ayer. La Audiencia destaca las "vaguedades, imprecisiones y contradicciones" en las que incurrieron los imputados al explicar ante el juez de instrucción los servicios que prestaron a cambio del dinero recibido. Subraya también la Audiencia que los dos únicos socios de las empresas que prestaban esos servicios son los dos denunciados, quienes una vez las supuestas irregularidades fueron públicas abandonaron sus cargos en la UPV.

Indicios suficientes

El Rectorado y Garbi eta Zuri recurrieron la decisión del juez de Getxo de sobreseer el caso. Ambos solicitaron posteriormente a la Audiencia Provincial que lo reabriese, cosa que ahora ha hecho porque considera que existen indicios suficientes para investigar los supuestos delitos de los que se acusa a Goiriena y Barranquero.

La denuncia del rector contra ambos era por malversación de fondos públicos y prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas). Montero les acusaba, según constaba en el auto de archivo, de haber contratado bienes y servicios para los masters por valor de 138.000 euros con empresas en las que uno de ellos o ambos tenían participación social, de haber recibido retribuciones por servicios prestados en el marco de sendos convenios con el Departamento de Interior y el Ayuntamiento de Vitoria, de haber alquilado un caserío donde guardaron material y mobiliario excedente de Estomatología, de contratar personal auxiliar y docente para el curso de posgrado y de costear un acuerdo extrajudicial cuya resolución beneficiaba indirectamente a Barranquero.

El juez de Getxo sostuvo en su momento que los comportamientos de los entonces decano y directora de departamento no encontraban encaje en los delitos denunciados (malversación de fondos y prevaricación) ni "en ninguna de las figuras delictivas previstas en el Código Penal". Y argumentaba además el magistrado que los fondos de los masters "no pueden considerarse como caudales públicos", tesis en la que se había basado la defensa de Goiriena.

El juez de instrucción agregaba en el auto de archivo que todos los servicios contratados se prestaron y que no constaba "ni siquiera en la denuncia que la UPV dejara de percibir el canon del 10% de los ingresos de los master", que hay que ingresar en sus arcas.

Durante la instrucción, unas 30 personas prestaron declaración en la causa ahora reabierta ante el juzgado de Getxo.