Una concejal pidió a Cascos que 'salvara' de la expropiación un centro amparado por Botella

El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, compareció ayer en el Senado para explicar los motivos de la expropiación forzosa iniciada contra las fincas, viviendas y negocios de un centenar de familias de Barajas. En ese terreno hay una residencia de ancianos que gestiona la ONG Mensajeros de la Paz, cuya presidenta de honor es Ana Botella. Dicha finca ha sido excluida de la expropiación porque, según Cascos, la concejal de Servicios Sociales, Beatriz Elorriaga, se lo pidió personalmente por carta. El ministerio sigue sin desvelar qué va a construir en ese suelo.

El pasado octubre, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), el organismo de Fomento que gestiona el aeropuerto de Barajas, comunicó a un centenar de familias que serían desalojadas de sus casas o despojadas de sus fincas el 10 de diciembre. El terreno había sido expropiado por el ministerio, a cambio de cantidades consideradas insuficientes por los vecinos, para incorporarlo al ámbito del aeropuerto.

Los vecinos, muchos de los cuales llevan años viviendo en esas casas -con alcantarillado, alumbrado público, servicio de limpieza y de basuras,...- y no tienen adónde ir, denunciaron que el Plan Director de Barajas no prevé construir nada allí y expresaron sus sospechas de que Fomento vaya a "especular" con esas 30 hectáreas de suelo, expropiándolo a bajo precio para después venderlo o alquilarlo a empresas relacionadas con los servicios aeroportuarios.

Además, subrayaron, no todas las parcelas de esta zona han sido expropiadas. La ONG Mensajeros de la Paz, cuya presidenta de honor es Ana Botella, esposa del presidente José María Aznar y candidata a concejal por el PP, gestiona una residencia de ancianos en el camino Viejo de Hortaleza, número 20, que se ha salvado de la quema.

Por eso y porque el ministerio se ha negado hasta ahora a concretar qué nuevas instalaciones justifican esta expropiación urgente -aunque el desalojo quedó en suspenso tras hacerse pública la situación de estas familias-, el PSOE pidió hace semanas la comparecencia de Álvarez-Cascos en el Senado. Ayer, el ministro respondió a las preguntas del senador socialista Juan Barranco.

Álvarez-Cascos aseguró, para empezar, que su ministerio "sigue negociando" con los afectados "para intentar llegar a acuerdos", algo que negaría después Montse Navarro, presente en la Cámara en representación de los vecinos expropiados. "Eso es falso. Nadie ha negociado con nosotros. No sabemos nada desde hace dos meses. Estamos a la espera, sin saber si seremos desalojados cualquier día. Es una incertidumbre horrible", afirmó Navarro a este periódico.

Una carta

Pero lo que terminó de desesperar a los vecinos fue la explicación que dio el ministro sobre el hecho de que la finca de Mensajeros de la Paz no vaya a ser expropiada -aunque está "pared con pared", subrayó el socialista Barranco, con las viviendas de otros afectados-. Álvarez-Cascos reveló que, en febrero de 2001, cuando estaban en marcha los primeros trámites de la expropiación, la "Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid [dirigida por Beatriz Elorriaga] solicitó por escrito la desafección de esa finca [es decir, excluirla de la expro-piación] por razones de problemática social [...], diciendo que la expropiación y consecuente necesidad de desalojo de la edificación plantearía problemas al plan municipal contra las drogas, por cuanto resultaría prácticamente inviable encontrar un lugar alternativo para ubicar este servicio".

Mensajeros de la Paz -que gestiona allí una residencia de ancianos y no un centro para toxicómanos- cedió hace años parte de su finca al Ayuntamiento para que habilitase un Centro de Atención a Drogodependientes (CAD), según el gerente de la ONG, Pedro Mella. Por tanto, si la finca fuera expropiada, el CAD tendría que ser también trasladado. Este periódico intentó recabar ayer la versión de Beatriz Elorriaga, que declinó hacer declaraciones por no tener a mano "la documentación" sobre la citada carta enviada a Fomento.

El senador del PSOE Juan Barranco reprochó al ministro que siga negándose a concretar "el porqué de tanta urgencia" y las instalaciones precisas que va a construir el Gobierno en ese solar. "Una administración pública no puede especular con una expropiación, eso sería una cacicada institucional", advirtió Barranco. El socialista recordó a Álvarez-Cascos que la Ley de Expropiación Forzosa exige que se proponga una "obra con finalidad determinada" para poder "declarar de urgente ocupación los bienes afectados". "Pues bien, en este caso aún no se conocen los motivos que justifican la expropiación", concluyó.