El juez da un ultimátum a la policía para que aporte pruebas contra los detenidos de Al Qaeda

El juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco, a instancias del fiscal Jesús Alonso, dio ayer un ultimátum a la policía para que en el plazo máximo de 20 horas le remita los análisis de las sustancias intervenidas a uno de los 16 detenidos en Cataluña el pasado 25 de enero por su presunta vinculación con Al Qaeda. Fuentes policiales señalaban ayer que la sustancia en cuestión está siendo analizada en el laboratorio de La Marañosa (Madrid), que depende del Ministerio de Defensa, no de la policía, que, a su vez, ha remitido muestras a un laboratorio de Estados Unidos.

Ruiz Polanco dictó ayer una providencia en la que textualmente dice: "Visto que en el día de hoy no se ha recibido informe-análisis de las sustancias decomisadas a los imputados, intereso que se dé a la UCIE (Unidad Central de Inteligencia Exterior) un plazo improrrogable de 20 horas para presentar dicho informe antes del día 13 de febrero de 2003". El plazo vence a las nueve de la mañana de hoy.

La medida adoptada por el magistrado está relacionada con la escasez de pruebas que existen contra los 16 detenidos -en prisión desde el 27 de enero-, por lo que un informe negativo sobre la peligrosidad de la sustancia determinaría su muy probable puesta en libertad, según fuentes de la Audiencia. El detenido al que le fue intervenida la sustancia citada (contenida en dos bidones y una botella de plástico) declaró al juez que se trataba de detergente, pero los análisis no han podido confirmar ese extremo. Los análisis preliminares en La Marañosa indican que los bidones contienen hidrocarburos alifáticos, comunes y no peligrosos, pero que pueden utilizarse, mezclados con otros productos, como explosivo. La botella, en cambio, contenía una sustancia muy parecida a la ricina (un veneno similar al incautado a la célula británica), por lo que se ha pedido a EE UU el envío de reactivos químicos para comprobarlo. Si los reactivos llegan hoy, como está previsto, los resultados estarán el viernes, aunque las impresiones preliminares indican que es otra sustancia.

Pese ello, el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, aseguraba que los arrestados estaban en posesión de explosivos y que preparaban "la comisión de atentados con explosivos y material químico". De hecho, luego dijo en el Congreso que el grupo era la ramificación en España de la conexión entre Osama Bin Laden e Irak, lo que demostraría que la amenaza terrorista procedente del régimen de Sadam Husein no era un "peligro remoto o hipotético, sino de algo que lo tenemos delante de nosotros".

Los 16 implicados fueron detenidos y encarcelados a raíz de una comisión rogatoria dirigida a la Audiencia Nacional por las autoridades judiciales francesas que investigan la rama en su país de Al Qaeda, la organización que dirige Osama Bin Laden. Pero la justicia francesa no aportó pruebas de la imputación de los detenidos, salvo que habían mantenido contacto con personas que estaban siendo investigadas en Francia. Ruiz Polanco ordenó los registros de 12 viviendas en Barcelona y Girona y la detención de los 16 presuntos miembros del Grupo de Partidarios de la Corriente Salafista, en la llamada Operación Lago.

Malestar en la policía

El ultimátum del juez ha causado hondo malestar en la policía. Fuentes policiales consideran que las detenciones fueron ordenadas por el juez tras recibir la comisión rogatoria de los franceses y solicitar la comprobación de algunos datos. Asimismo, precisan que se ha incautado material suficiente (como máscaras antigás, mandos a distancia, temporizadores y material electrónico susceptible de ser empleado en explosivos y equipos portátiles de comunicaciones) como para demostrar su vinculación con actividades terroristas. Estas fuentes añaden que los grupos islámicos son células muy compartimentadas y se ha acreditado su conexión con la célula francesa, incluso con vídeos sobre la presencia en Barcelona de alguno de los detenidos en España.

Los mencionados medios policiales no entienden el ultimátum del juez, pues la sustancia está siendo analizada en laboratorios del Ministerio de Defensa (a quien deberían reclamarse los análisis) y, además, "la importancia de la operación nunca ha girado sobre la toxicidad o peligrosidad de la sustancia, sino en el contenido de las comisiones rogatorias francesas".

Sin embargo, en medios de la Audiencia han señalado: "No podemos hacer un grupo terrorista con nueve documentos de identidad falsos, un destornillador de precisión, tres temporizadores, un mando de televisión modificado y un teléfono móvil con dos agujeros". El caso parece abocar a la puesta en libertad de los implicados y a la remisión del caso a juzgados de Barcelona o Girona por delito de falsedad documental, ya que los franceses no han solicitado la extradición. Todo apunta a que la policía remitirá un informe preliminar, pero incompleto, que no permitirá valorar la peligrosidad de la sustancia.