La Audiencia Nacional investiga si el concurso de la 'Y' cumple las normas medioambientales

La Audiencia Nacional ha pedido al Gobierno vasco los documentos de las condiciones técnicas del concurso de la Y ferroviaria para comprobar si exigen el estudio de impacto ambiental, lo que no figura expresamente en dichos documentos. Además, ha solicitado al Tribunal Superior vasco la práctica de una prueba pericial para delimitar las afecciones en el trazado del tren de alta velocidad. La Audiencia ha estimado así las reclamaciones del grupo ecologista Bizirik, que tiene interpuesto desde 2001 un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto de la Y.

El concurso convocado el pasado diciembre por el Departamento de Obras y Transportes para redactar los proyectos constructivos del corredor guipuzcoano tiene abierto otro frente polémico. A la controversia con el Ministerio de Fomento, que ha amenazado con ir en un mes a los tribunales si el Ejecutivo autónomo no anula los concursos, al tratarse de un proyecto de su competencia, se suman ahora estas posibles irregularidades medioambientales.

El grupo Bizirik ha comprobado que los pliegos de condiciones no cuentan con la exigencia de realizar un estudio de impacto ambiental, como establece la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987 y una directiva comunitaria de 1997. El anteproyecto del tren vasco de alta velocidad, que sirvió para elegir el trazado, sí dispone de una declaración de impacto favorable, pero los ecologistas sostienen que "en ningún caso es jurídicamente admisible" que dicho requisito "pueda sustituir a la que preceptivamente debe emitirse a partir del proyecto técnico".

Estos argumentos han sido expuestos a la Audiencia Nacional, ante la que Bizirik planteó en 2001 un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto de la Y vasca. La Sala de lo Contecios Adminsitrativo, en una providencia del 29 de enero, acuerda reclamar a la consejería de Transportes y Obras Públicas, que encabeza Álvaro Amman que "remita los pliegos de prescripciones técnicas particulares del concurso convocado mediante la resolución del 19 de diciembre de 2002".

Los ecologistas, que también han planteado un recurso administrativo al Gobierno vasco contra el concurso, señalan que la declaración de impacto es muy genérica al realizarse a la escala 1:5.000 -"deben realizarse a 1:500 o como máximo 1:1.000", dicen - y revelan que el equipo redactor de la evaluación de impacto reconoce que es necesaria una topografía más detallada y aboga por "un estudio de impacto ambiental que acompañe al proyecto de construcción".

"Análisis insuficiente"

Este comentario del equipo redactor lleva a asegurar a Bizirik que la única declaración de impacto sobre la Y "reconoce no ser más que un análisis insuficiente de los impactos que se conocen a nivel de anteproyecto y que por sí mismo no cumple los niveles exigibles a un auténtico estudio de impacto ambiental".

La Audiencia Nacional dictó otra resolución, el pasado 20 de diciembre, en la que instaba al Tribunal Superior vasco la práctica de una prueba pericial sobre las afecciones ambientales del trazado del tren de alta velocidad. Esta actuación había sido pedida por los ecologistas, antes de que saliera el concurso del Gobierno autónomo, al considerar insuficiente la declaración de impacto realizada en el anteproyecto.

Bizirik da la razón al Ministerio de Fomento y señala que el Ejecutivo autónomo "carece manifiestamente de competencia para contratar una obra pública" salvo que dispusiera de "un convenio autorizado" con Fomento. La consejería de Transportes, pese a los requerimientos de este diario, no quiso realizar ayer ningún comentario sobre las últimas decisiones de la Audiencia Nacional.

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, defendió ayer la intervención del Gobierno vasco, "como en otros asuntos en los que no tenemos competencias, como el Prestige, salvamento marítimo o meteorología", informa Isabel C. Martínez. Dijo que no ha recibido aún el requerimiento de inhibición anunciado por Fomento y no quiso pronunciarse sobre si supone la apertura de un nuevo conflicto institucional con la Administración central. Tampoco aclaró cómo defenderá la intervención del Gobierno vasco. "Cuando llegue el requerimiento, veremos", se limitó a decir.