Las comunidades autónomas quieren devolver a los menores inmigrantes que pide Marruecos

Las comunidades autónomas más afectadas por la presencia de menores inmigrantes marroquíes han acogido con satisfacción la reclamación del Gobierno de Rabat para que España los devuelva a su país. Canarias, Andalucía, Madrid, Cataluña, Ceuta y Melilla, encargadas de tutelar a estos adolescentes, certifican el fracaso de la política de reagrupación familiar prevista en la Ley de Extranjería, y afirman que el reglamento de dicha norma permite la repatriación de los muchachos si "los servicios de protección de menores" de Marruecos se hacen cargo de ellos.

En España residen más de 2.000 menores inmigrantes marroquíes no acompañados. El lunes, el embajador de Marruecos en Madrid, Abdeslam Baraka, se entrevistó con el delegado del Gobierno para la Extranjería, Ignacio González. Al término del encuentro, el diplomático declaró: "Hemos hablado de la cuestión de los menores. La ley española protege al menor. Sin querer entrar en detalles, nosotros consideramos que el menor marroquí no tiene capacidad legal para decidir emigrar y hay una obligación de devolverlo".

Implícitamente, Baraka estaba pidiendo un cambio en la legislación española. Pero comunidades autónomas de variado signo político que se encuentran desbordadas por el problema son partidarias de ponérselo fácil a las autoridades de Rabat.

El artículo 62 del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería encomienda a la Administración central "los trámites relativos a la repatriación desde España de un menor extranjero en situación de desamparo (...), con el fin de localizar a [sus] familiares o, en su defecto, los servicios de protección de menores de su país de origen que se hicieran cargo de ellos". Entre tanto, la tutela de estos adolescentes corre a cargo de las comunidades autónomas en las que residen.

Los números demuestran el rotundo fracaso de la política de reagrupación familiar. De los 1.500 menores tutelados desde 1997 por la Comunidad de Madrid, sólo nueve han podido ser repatriados. En Andalucía, donde la Junta tiene acogidos a 700, la repatriación es inferior al 5%. En Canarias están acogidos 230, y el índice de reagrupaciones no llega al 10%. Y en Cataluña, con 360, sólo han podido ser repatriados 15 el año pasado; de ellos, tres ya han vuelto a Barcelona.

Mención aparte merecen Ceuta y Melilla, donde el número de muchachos desciende por estas fechas porque vuelven a su país para celebrar la Pascua musulmana. Ahora mismo hay 50 acogidos en la primera de las ciudades autónomas y 125 en la segunda, pero las autoridades saben que su número volverá a crecer cuando terminen las fiestas en Marruecos.

El consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Marcial Morales, de CC, califica la situación como "insostenible". Considera razonable que cuando la familia del menor no exista o esté ilocalizable, se hagan cargo de él los servicios sociales del Estado marroquí. "Bien ejecutada, esta fórmula preservaría la condición de sujeto de protección del menor", afirma.

En sentido similar se manifiesta el director general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, Pedro Moya, del PSOE: "Creo que es posible encajar la petición de Marruecos con la legislación vigente. Sólo hay que recibir garantías de que el Gobierno de Rabat acogerá a los muchachos y los devolverá a sus familias".

Lo mismo opina Esperanza García, directora del Instituto del Menor de la Comunidad de Madrid, del PP: "Primero debemos intentar localizar a las familias. Pero si no es posible, y las organizaciones de protección social de Marruecos aceptan hacerse cargo de ellos, la Ley de Extranjería permite devolverlos".

El consejero de Servicios Sociales de Melilla, José Antonio Vallés, del PP, es más explícito: "Siempre hemos defendido que no existe más garante de un ciudadano que su propio Estado. Si Marruecos asume la responsabilidad de acoger a los chicos, nosotros estaremos encantados de entregárselos. Lo tendremos todo preparado por si surge la posibilidad de trasladarlos".

El consejero de Bienestar Social de Ceuta, Hamadi Ananou, también del PP, apela a una tradición marroquí, la kafala, una especie de tutela jurídico-religiosa que hace innecesarios, por ejemplo, los asilos de ancianos, para solucionar el problema: "Si el Gobierno de Rabat aplicara la kafala y se proclamara tutor de esos niños, todo sería más fácil".

Más prudentes se muestran los responsables de la Generalitat de Cataluña, que consideran necesario, antes de tomar cualquier decisión, debatir cómo puede atender Marruecos a los muchachos.

Tanto el comité español de Unicef como el Defensor del Pueblo han recordado que la Administración española debe velar por que la opinión del menor sea tenida en cuenta.