La policía de Almería desaloja de madrugada a los agricultores encerrados en la Diputación

Los agentes detienen a dos alcaldes y acusan a miembros de la COAG de desorden público

La policía desalojó ayer de madrugada a los miembros de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) encerrados en la Diputación de Almería para exigir la participación del Gobierno en la refinanciación de la deuda del campo, cifrada en 1,2 millones de euros. Los agentes detuvieron a unas treinta personas -entre las que se encontraban los alcalde de Vícar y La Mojonera- que fueron puestas en libertad por la mañana. Veinte de los encerrados, incluido el secretario provincial de la COAG, Antonio Oliver, están acusados de desorden público.

El desalojo se realizó a las cuatro de la madrugada porque, según el subdelegado del Gobierno en Almería, Francisco Laínez, "se buscó el momento más idóneo para que no hubiera ningún tipo de agresión o acto violento". "Se realizó con el mayor de los respetos y no hubo enfrentamientos ya que los encerrados desalojaron voluntariamente", comentó.

Laínez explicó que se actuó a petición de los responsables de la Diputación, gobernada por el PP. Sin embargo, el presidente de esa institución, Luis Rogelio Rodríguez, declaró que ellos habían cumplido con las instrucciones de la Subdelegación del Gobierno.

La policía trasladó a los agricultores a la comisaría provincial de Almería. Entre los detenidos estaban Antonio Bonilla y Manuel Gutiérrez, alcaldes socialistas de Vícar y La Mojonera, respectivamente, así como el concejal de Agricultura de La Mojonera, Francisco Gutiérrez. Los tres políticos, junto a un pequeño grupo de agricultores, fueron puestos en libertad horas después de ser detenidos. Otros veinte miembros de la COAG, sobre los que pesa una acusación de desorden público, salieron de la comisaría pasadas las once y media de la mañana de ayer. Entre ellos se encontraba el secretario provincial de COAG, Antonio Oliver. "Esto ha sido un intento de amedrentarnos y callar la voz del campo almeriense, representada mayoritariamente en nuestra organización. Pero no lo van a conseguir porque seguiremos movilizándonos para que se escuchen nuestras reivindicaciones. Es lamentable que la Diputación, que es la casa de todos los almerienses la hayan querido convertir algunos en un cortijo particular. Y queremos que quede claro que nosotros no tenemos intereses partidistas. Defendimos los intereses del campo cuando estaba el PSOE en el Gobierno central y lo hacemos ahora que está el PP", afirmó Antonio Oliver nada más ser puesto en libertad.

Los alcaldes detenidos también criticaron lo sucedido durante la madrugada del martes. "Nosotros no entramos de modo clandestino en la Diputación ni hicimos nada. Además, antes de entrar a ver a los agricultores, hacia las diez de la noche, nos recibió el vicepresidente, José Luis Aguilar. Fuimos allí a apoyar a los agricultores porque están pasando por una situación agonizante", explicó el alcalde de Vícar, quien criticó la hora a la que se llevó a cabo el desalojo: "El cobarde siempre actúa antes de que cante el gallo y por eso Luis Rogelio Rodríguez y su equipo de Gobierno dieron la orden de desalojo a las cuatro de la mañana".

También el primer edil de La Mojonera, Manuel Gutiérrez, criticó lo sucedido: "Es increíble en 2003 y en una Diputación cuyos políticos han sido elegidos democráticamente. Parece que el PP no le ha perdonado a los agricultores la multitudinaria manifestación del pasado 14 de enero".

El coordinador de IU, Diego Cervantes, también se sumó a las críticas por el modo en el que se resolvió el encierro. "El subdelegado del Gobierno ha iniciado su primera acción en un tema conflictivo en Almería de un modo que recuerda viejos tiempos. Es muy duro que en una sociedad democrática se llegue de noche a desalojar a unos agricultores que están realizando una protesta cívica. A Luis Rogelio Rodríguez, no le habría costado nada recibir a los agricultores como estos pedían, en lugar de no dar la cara".

Francisco Laínez defendió que "no hay ninguna posibilidad de diálogo cuando se encierran en una institución pública a reivindicar algo que no es competencia de la Diputación si no de la Junta de Andalucía". "Lo que tenían que hacer, si querían dialogar, era deponer su actitud", afirmó. El subdelegado se alineó también con las tesis del PP, partido que acusa al PSOE de estar detrás del encierro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 11 de febrero de 2003.

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