500 personas contestan en Banyoles la sentencia del naufragio de 'L'Oca'

La campaña para evitar que el ex edil Josep Alsina acabe en la cárcel por la responsabilidad que le atribuye la sentencia del juzgado número 2 de Girona entró ayer en su punto culminante con la celebración de un pleno extraordinario en el que todos los grupos municipales apoyaron una moción que sostiene que la interpretación de la juez no está justificada legalmente. Acto seguido, entre 500 y 700 personas, según la Policía Local, se reunieron en la plaza Mayor para mostrar su disconformidad con la sentencia bajo el lema Banyoles és innocent.

El movimiento de apoyo al ex edil, impulsado por el consistorio, confía en que la Audiencia Provincial rectifique la sentencia condenatoria por su responsabilidad en el naufragio ocurrido el 8 de octubre de 1998, en el que fallecieron 21 personas de nacionalidad francesa.

El Ayuntamiento de Banyoles, en la moción aprobada ayer en un pleno extraordinario que abarrotó la sala de plenos, considera que la sentencia judicial que ha condenado al ex edil Josep Alsina a dos años y seis meses de cárcel por su responsabilidad en 21 delitos de homicidio imprudente "es un error judicial que se debe rectificar". El texto insiste en los argumentos que la defensa del edil ya esgrimió durante el juicio: que la responsabilidad de la navegación es una competencia exclusiva de la Marina Mercante y que de la simple propuesta de cambio de embarcación cursada por el concejal de urbanismo no puede derivarse su responsabilidad en el naufragio.

La moción, después de detallar otros argumentos jurídicos a favor de la exculpación, concluye que "la condena de Alsina es injusta". El texto añade: "El error judicial, afortunadamente, puede ser rectificado por la Audiencia Provincial de Girona".

"Acto democrático"

Durante el pleno extraordinario, el alcalde, Pere Bosch, aseguró que la campaña promovida por el consistorio no constituía "una rebeldía contra la justicia", sino que su objetivo era pedir a las administraciones superiores una rectificación. Más contundente fue Joan Solana, alcalde cuando se produjo el naufragio, quien rebatió las críticas hacia supuestas presiones a la justicia. Solana aseguró que la concentración era "un acto plenamente democrático en defensa de un inocente y al lado del Estado de derecho".

Solana recordó que sí habían existido presiones para que la Administración del Estado quedara fuera del juicio y también por parte de los representantes de las víctimas, que llegaron a insinuar un posible boicoteo al turismo si no se condenaba a alguna administración.

El ex alcalde Josep Alsina aseguró que si no se atiende el recurso que presentará ante la Audiencia, "un inocente sufrirá, la justicia quedará desprestigiada y la herida del Estado social y democrático de derecho será irreparable".Josep Alsina no asistió a los actos de apoyo organizados ayer, pero sí hizo llegar una carta que fue leída, después de la moción, ante los concentrados en la plaza Major.

El acto, que en todo momento se desarrolló entre grandes muestras de civismo, no contó con pancartas ni gritos de apoyo, aunque algunas ventanas de viviendas próximas exhibían los carteles distribuidos por el consistorio con el lema "Banyoles és innocent". Sólo los aplausos de los congregados mostraron la adhesión a la moción del Ayuntamiento y a la carta de defensa de Alsina.

En la misiva, el ex edil sostiene que la sentencia es injusta, aunque asegura tener un gran respeto hacia el tribunal que la ha dictado. Afirma también que tiene la seguridad de que la Audiencia "rectificará este error". El ex edil asegura que su petición de una sentencia absolutoria debe entenderse por su condición de inocente y nunca debe interpretarse como "una exigencia de impunidad para quien es culpable". La carta concluye con las siguientes palabras: "Que se haga justicia y que la tranquilidad retorne a Banyoles y podamos rehacer nuestras vidas".

Representación política

A pesar de que tanto el alcalde de Banyoles, Pere Bosch, como otros concejales insistieron en que la defensa de Alsina no constituía un acto gremialista, tanto en el pleno como en la posterior concentración se dejaron ver un gran número de políticos. Destacó la representación socialista: el portavoz parlamentario Joaquim Nadal, la primera secretaria de las comarcas de Girona, Marina Geli, o diputados como Montse Palma, Manel Nadal y Lluís Maria de Puig. También estuvo presente el presidente del Consejo Comarcal, Josep Vicens (CiU), el diputado de CiU Enric Millo, así como otros cargos de distintos signos políticos, excepto del Partido Popular. Junto a éstos acudió también un buen número de concejales de municipios vecinos, así como de ex políticos. Según algunas fuentes jurídicas consultadas, la decisión del consistorio de Banyoles de convocar a la población contra la sentencia del juzgado número 2 de Girona ha causado un notable malestar en las altas instancias judiciales de Girona.