El PP rechaza pactar con la Generalitat la apertura de oficinas de inmigración

El secretario de Estado para la Inmigración, Ignacio González, ha remitido un comunicado en el que declina elaborar un convenio con la Generalitat para abrir oficinas de inmigración en el extranjero. El Gobierno del PP, según explicó ayer el secretario general de CDC, Artur Mas, alega que sus competencias sobre inmigración son "irrenunciables" y limita la labor del Ejecutivo catalán a apoyar a los empresarios que deseen contratar mano de obra en origen.

Mas aseguró que esta negativa es un intento de poner "palos en las ruedas" al proyecto de Convergència i Unió (CiU) de construir una red de información laboral para extranjeros en sus países de origen. El Gobierno de Jordi Pujol tenía un interés especial en este convenio, ya que habría evitado que la Administración central le acusara de actuar por libre en un ámbito que puede ser considerado de política exterior. Además, la Generalitat defiende la apertura de oficinas de inmigración propias para poner en contacto a empresarios catalanes con trabajadores interesados en ir a Cataluña.

La Generalitat ya dispone de una oficina en Varsovia, en el próximo mes de marzo abrirá la segunda en Casablanca y está en estudio implantar una tercera en un país del centro o del sur de América que aún no se sabe cuál será. Mas, en una conferencia desarrollada en el marco de la Escuela de Invierno de Convergència Democràtica (CDC), aseguró que la negativa al convenio por parte del Gobierno después de meses de negociaciones, les deja "indefensos, al tener que tomar decisiones al margen", pero lo harán "igualmente".

A primeros de enero, el Ejecutivo catalán presentó una propuesta de convenio a la Secretaría de Estado para la Inmigración a fin de coordinar la actividad de las oficinas de orientación laboral de la Generalitat en el extranjero. El consejero de Trabajo, Antoni Fernández Teixidó, explicó en aquel momento que el acuerdo buscaba "ayudar a agilizar el papeleo al que se enfrentan las embajadas" y que se trataba de una "propuesta respetuosa" con la política exterior española, aunque también dejó claro que la Generalitat no renunciaría a su voluntad de abrir oficinas para inmigrantes en el extranjero.

Teixidó aseguró entonces que existía un nivel de acuerdo "sustancial" entre ambas administraciones y se mostró confiado en la firma del convenio.