5.000 mujeres denunciaron casos de violencia doméstica el año pasado

Los 46 juzgados de instrucción de Madrid (los que investigan delitos) tramitaron el año pasado 4.974 denuncias por violencia doméstica, un 8% más que en 2001, cuando se registraron 4.602 casos. La mayoría fueron denuncias de mujeres contra sus compañeros, pero también hubo, aunque pocas, de hombres contra su pareja. En estos últimos casos, es frecuente que el hombre denuncie a su cónyuge para contrarrestar las acusaciones que previamente ha formulado ella contra él. También aumentó un 34%, con respecto a 2001, el impago de pensiones entre ex cónyuges.

Las denuncias de casos de violencia doméstica, especialmente la física pero también la psicológica, aumentan. Aunque el Código Penal se ha endurecido en los últimos años (y está prevista una nueva reforma) para castigar a los cónyuges agresores, la cifra de denuncias por agresiones en el hogar sigue siendo muy elevada: casi 5.000 el año pasado.

Además, no todos los agresores cumplen las medidas de alejamiento que dictan los jueces para apartar al agresor del domicilio familiar. "El nivel de incumplimientos es muy alto, ya que no es posible poner a un policía detrás de cada agresor", cuenta un magistrado de Madrid. "La próxima reforma del Código Penal va a permitir decretar cárcel contra quienes incumplan la medida de alejamiento, lo que hará que los agresores se lo piensen antes de quebrantarla", agrega la citada fuente.

Una parte sustancial de las denuncias por maltrato doméstico procede de mujeres inmigrantes y va dirigida contra sus compañeros sentimentales. El país de origen de buena parte de estas víctimas es Ecuador, según los mismos medios. De las 4.975 denuncias por violencia familiar interpuestas el año pasado, 2.571 fueron registradas durante el primer semestre y 2.403, en el segundo.

Después de una separación conyugal, los jueces suelen decretar la repartición de bienes, si éstos son gananciales, y establecer una pensión en favor del cónyuge más débil económicamente y de los hijos. Aunque la ley castiga hasta con penas de cárcel el impago de pensiones, son muchos los cónyuges madrileños que abdican de esta obligación.

Impago de pensiones

Los datos que manejan los jueces de instrucción de la plaza de Castilla revelan que en 2002 hubo 739 denuncias por impago de pensiones. Es decir, un 34% más que en 2001, que registró 549. La mayoría fueron presentadas por mujeres que se quejaban de que no tenían dinero para subsistir y mantener a sus hijos porque su ex cónyuge se negaba a abonarle la pensión establecida por el juez. No siempre el juez fija el importe de la pensión (de la que se desgaja una cantidad para el cuidado de los hijos y otra para el cónyuge). Cabe la posibilidad de que la pareja se ponga de acuerdo en la cantidad y evite con ello que el juez la fije. No obstante, si hay hijos es preceptivo que el fiscal supervise el acuerdo para analizar en qué situación quedan éstos tras la ruptura matrimonial.

La estadística judicial de Madrid capital contiene otro dato inquietante: en 2002, los jueces abrieron 28 procedimientos (30 en 2001) por abandono de niños por parte de sus padres. Al margen de la responsabilidad penal en que incurren los progenitores, la Comunidad de Madrid suele acoger a estos críos cuando observa que la conducta de los padres es negligente en su deber de atenderlos.

También es deber de la Comunidad tutelar a los menores que son utilizados sistemáticamente por sus padres como reclamo para pedir limosna en la calle. Por mendicidad de menores, los jueces abrieron en 2002 un total de 21 expedientes, cuatro más que en 2001. Son los casos de niños, muchos de ellos inmigrantes de los países del Este, que se ven en las calles o sentados en una acera pidiendo limosna con sus padres o limpiando cristales de coches a cambio de la voluntad del automovilista.

Otro aspecto que recoge la estadística alude a las denuncias por supuestas detenciones ilegales por parte de la policía. Un total de 107 ciudadanos acudió en 2002 a los jueces diciendo que la policía los había detenido ilegalmente. Un año antes fueron 101 ciudadanos los que denunciaron este hecho, siempre según los datos que manejan los jueces de Madrid. Por casos de supuesta tortura en dependencias policiales de la capital se presentaron 28 denuncias en 2002, frente a las 21 de 2001.

Un aspecto delictivo que también está en alza es el que atañe a los derechos de los trabajadores. Los jueces tramitan en la actualidad 314 denuncias por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores. Fundamentalmente, por negligencias y ausencia de medidas de seguridad en las construcciones. Contra la Hacienda pública se presentaron 151 denuncias, la mayoría a instancias del fiscal de delitos económicos.