España retira a su candidato a juez en la Corte Penal Internacional
Arias critica la falta de apoyo de algunos países a Yáñez-Barnuevo
El nacimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) está siendo laborioso. La elección de sus 18 jueces, que esta semana tuvo lugar en Nueva York y debía terminar ayer, desembocó en una lucha por los escasos puestos, especialmente entre los europeos, que casi amenaza con paralizar todo el proceso. El candidato de España, el diplomático Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, retiró su candidatura a última hora del jueves para tratar de desbloquear la situación.
Yáñez-Barnuevo, actualmente jefe de la asesoría jurídica internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, no pudo ocultar su decepción. "Hubiera preferido que España estuviera en la Corte desde el principio y poder participar en su construcción, pero seguiremos apoyando su lanzamiento desde fuera". El diplomático español decidió retirarse en la octava ronda de votaciones, tras consultar al embajador español ante Naciones Unidas, Inocencio Arias. "Estoy desolado porque era un excelente candidato, pero en esta votación ha habido hacia muchos postulantes más incumplimientos que los que hace Sadam Husein", dijo Arias. España, que llevaba un año preparando su candidatura, tenía apalabrado el apoyo de unos 50 países. Al final apenas la mitad cumplió su promesa y Yáñez-Barnuevo no pudo reunir los votos suficientes.
"Todos los países quieren figurar y todos votan por sus candidatos", indicó una fuente cercana al proceso electoral. El mayor caos se produjo entre los europeos y las campañas no siempre fueron limpias. Italia, indicaron las mismas fuentes, organizó una intensa campaña para desprestigiar a algunos de sus rivales, especialmente al candidado británico.
Al cierre de esta edición se habían elegido 15 de los 18 jueces tras 13 agotadoras rondas, ocho hombres y siete mujeres. Los países representados eran: Bolivia, Irlanda, Malí, Reino Unido, Trinidad y Tobago, Alemania, Canadá, Finlandia, Ghana, Costa Rica, Chipre, Suráfrica, Corea del Sur, Brasil y Letonia. Entre los elegidos figura la surafricana Navanethem Pillay, presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
El sistema electoral, que ha querido respetar el equilibrio entre distribución geográfica, diversidad de sistemas legales y representación por género (tiene que haber al menos seis candidatas femeninas), es tan complicado que incluso los expertos no se aclaran del todo. Los jueces, que tendrán un mandato de nueve años (aunque en esta primera vez algunos tendrán mandatos de tres y seis años para asegurar una renovación periódica), han sido elegidos entre dos listas de expertos: una de especialistas en Derecho Penal y otra en Derecho Internacional.
Las seis candidatas "obligatorias" salieron en las primeras rondas. El reparto regional entre los cinco grandes grupos (Europa Occidental, Europa del Este, América Latina y Caribe, Asia y África) fue mucho más delicado. Se quería evitar que los europeos acapararan la mayoría de los puestos. No hubo candidatos árabes. Jordania, el único país de la zona que se ha acogido a la CPI ya preside su Asamblea. Sólo hay dos países hispanohablantes: Costa Rica y Bolivia.
"Se sabía de antemano que este no iba a ser un proceso simple por una simple cuestión de cifras, se presentaron 43 candidatos, hay 87 votantes y se necesita una mayoría de dos tercios, unos 57 votos para resultar ser elegido", explicó Yánez-Barnuevo.
El complejo sistema de elección "pretendía que aquellos que salieran elegidos tuvieran un apoyo mayoritario y fueran los más representativos", dijo el diplomático español, "pero en el futuro será sin duda necesario afinar el proceso porque crea muchas disfunciones".
El Estatuto de Roma, que creó la CPI, ha sido ratificado por 88 países. Entró en vigor el 1 de julio del año pasado y su inauguración está prevista para el próximo 11 de marzo en la Haya. La CPI se ha creado pese a la feroz oposición de Estados Unidos que hace unos meses consiguió en la ONU que sus cascos azules quedaran fuera de su autoridad. En octubre la UE concedió una inmunidad parecida a los diplomáticos y soldados estadounidenses.
