Catorce miembros del 'clan de los Charlines', condenados a penas de 4 a 15 años de cárcel

Un total de 14 integrantes del denominado clan de los Charlines fueron condenados ayer a penas que oscilan entre 15 años y cuatro años, dos meses y un día de prisión al ser considerados autores de delitos de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y contra la Hacienda pública. La sentencia impone a Manuel Charlín Gama, patriarca del clan, y a su hija Josefa Charlín Pomares penas de 15 años de cárcel para cada uno, por apreciar que ambos eran los jefes de la organización. Además les multa con 3,15 y 5,7 millones de euros, respectivamente.

Manuela Nine ha sido condenada a 12 años de reclusión y multa de más de 4,5 millones de euros por los mismos delitos. La pena impuesta a la esposa del patriarca, Josefa Pomares, y a su hijo Óscar Felipe se eleva a ocho años de cárcel y multas millonarias; mientras que los también hijos Adelaida y Manuel Charlín, así como Noemí Outón Charlín, Manuel Santorum y Rubén Pérez Conles han sido condenados a seis años de prisión.

Por último, Pascuale Imparato, José Luis Piñeiro, José Luis Lizabe y Carolina Ana Outón Caamaño han sido condenados a penas de cuatro años, dos meses y un día de prisión, todos ellos por delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.

El tribunal ha absuelto a María Teresa Charlín Pomares, que estaba enemistada con su familia, del delito de blanqueo de dinero del que estaba acusada.

Los magistrados han decretado el comiso de los bienes, inmuebles, dinero y otros activos de la familia Charlín, que serán adjudicados al Estado. La sentencia dispone que al menos la mitad de esos bienes, valorados en unos 30 millones de euros, sean destinados a programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes y a su inserción social y laboral.

En la sentencia se acuerda también la disolución de todas las sociedades constituidas por los Charlines para blanquear el dinero, así como la clausura definitiva de los locales.

Compra de premios

La sentencia relata las relaciones de parentesco existente entre todos los acusados, y concluye que "todos ellos, salvo María Teresa Charlín, integraban una estructura organizada que ocultaba, transformaba e introducía en el circuito financiero y comercial legal grandes cantidades de dinero procedente de la actividad ilícita de tráfico de drogas".

Para ocultar ese origen ilegal de los fondos que manejaban, que eran muy superiores a los que generaban sus actividades legales, usaban diversos procedimientos en los que el dinero empleado, que procedía de los beneficios derivados del tráfico de drogas, tras un primer enmascaramiento de su origen se mezclaba con otro de origen lícito y se invertía sucesivamente en diversos ramos de actividad, compra de propiedades o activos financieros tratando de borrar su origen.

Entre otros procedimientos, compraban boletos de los sorteos de Lotería Nacional, de la ONCE, de la Lotería Primitiva y de quinielas ya premiados, cobrándolos como si hubieran sido producto del azar.

Mediante este sistema el importe de los premios aparecía como dinero de origen legal y al mismo tiempo no era obligatorio que fuera declarado a Hacienda durante el primer año. Entre 1992 y 1995 la familia Charlín compró boletos premiados de lotería, quinielas o los ciegos por importe de 379.558.340 pesetas. (2.281.191 euros). De esos premios, 286 millones de pesetas corresponden a 115 participaciones del número 42.890 correspondiente al sorteo de Navidad del 22 de diciembre de 1992, vendidas en Córdoba y por los que pagaron el importe del premio más una prima, en más de 90 compras.

También compraban al contado propiedades inmobiliarias haciendo constar en las escrituras públicas un precio inferior al real, abonaban la diferencia en metálico y, a veces, simulaban el pago aplazado del precio declarado y elaborando una documentación de cobertura para justificar la operación.

Invirtieron fondos ilícitos en productos financieros fiscalmente opacos, como pagarés del tesoro, y cuando perdían esa cualidad reinvertían el dinero en otros activos financieros y negocios.

Constituyeron sociedades y adquirieron empresas por precio declarado inferior al realmente pagado, y hacían entonces ampliaciones de capital con dinero que procedía de las drogas.