Los sindicatos creen que la renta agraria conculca la Ley de Extranjería

El Ministerio de Trabajo ya tiene en su poder las alegaciones de los sindicatos al proyecto de decreto con el que el Ministerio quiere regular la renta agraria, la nueva prestación diseñada para los jornaleros andaluces y extremeños que se quedaron sin posibilidad de acceder al subsidio agrario tras el decretazo (la reforma del sistema de protección por desempleo aprobada por el Gobierno en mayo de 2002). Tal y como habían anunciado, los sindicatos se centran en los "flecos" por los que no han dado su respaldo total a la nueva prestación, que sí consideraron suficiente para desconvocar una huelga general en el campo y reconducir sus divergencias a través del trámite de alegaciones.

La principal objeción de los sindicatos al proyecto de renta agraria (una prestación equivalente en cuantía al subsidio) se centra en uno de los nuevos requisitos incorporados para tener derecho a solicitarla: la exigencia de que los jornaleros acrediten diez años de residencia (empadronamiento) en Andalucía o Extremadura, una condición que no se exige a los agricultores que cobran el subsidio. "No se oculta que esta norma tendrá una especial incidencia en el colectivo de trabajadores extranjeros", dice una de las alegaciones que CC OO presentó el miércoles, "con la consecuencia directa de negar el acceso a la prestación a la inmensa mayoría de los extranjeros que actualmente trabajan en el ámbito protegido por el proyecto".

Discrimanción indirecta

CC OO estima que esta condición conculca la Ley de Extranjería, que establece que los "extranjeros residentes [sin que se les exija un periodo mínimo de residen-cia] tendrán derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles". Más aún, los servicios jurídicos de Comisiones consideran que el requisito de diez años de empadronamiento incurre en el supuesto de "discriminación indirecta" que define la propia Ley de Extranjería: "todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad".

Comisiones propone que se suprima el requisito de diez años de empadronamiento "o que se reduzca sensiblemente a fin de que no ocasione tal discriminación". UGT, que considera que este requisito "carece de justificación objetiva a la finalidad del subsidio (no está relacionado con la actividad agraria, ni con la realización de un mínimo de días de trabajo, ni con la falta de rentas)", opta directamente por solicitar su eliminación.

Las alegaciones sindicales incluyen también la petición de que se elimine la limitación a seis ocasiones del número de veces que se reconoce el derecho (una restricción que tampoco está en el subsidio). También se solicita que se suprima la exigencia reforzada (más de cinco años de cotización) de pertenencia al censo agrario a mayores de 52 años y el periodo de espera (tres meses) para el cobro de la ayuda.