El ex director de Turismo admite que encargó informes que el juez considera inútiles

El ex director del Consorcio de Turismo de Cataluña Joan Cogul reconoció ayer que autorizó la elaboración de informes sobre el sector que han sido calificados de "inútiles" por el juez que investiga presuntas irregularidades económicas en este organismo dependiente de la Generalitat. Cogul, sin embargo, justificó su actuación al considerar que esos informes eran necesarios para obtener datos relevantes y negó que fuesen burdas copias de folletos, como sostiene la fiscalía.

La de ayer fue la tercera comparecencia de Cogul como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona desde que el magistrado Francisco González Maíllo empezó a investigar las supuestas irregularidades en el Consorcio de Turismo de Cataluña hace ya tres años. Por esta causa, Cogul se encuentra en libertad bajo fianza de 45.076 euros y pesa sobre él una fianza de responsabilidad civil de otros 360.754 euros. Actualmente reside en Manila (Filipinas), pero la justicia española le tiene embargada la nómina para hacer frente a la responsabilidad civil, por lo que sólo le queda como ingreso el salario mínimo interprofesional. En este caso están imputadas otras 26 personas, entre ellas Maria Carme Fargas Buquera, también en libertad bajo fianza de 30.050 euros.

La declaración de ayer de Cogul había sido solicitada por la fiscalía el pasado mes de diciembre para cerrar los últimos detalles de una causa que ya está prácticamente finalizada, aunque durante su instrucción hayan aparecido nuevos datos que han llevado al juez a abrir dos nuevos procesos para investigar otras subvenciones otorgadas por los departamentos de Justicia y Trabajo.

Cogul fue director del Consorcio de Turismo de Cataluña entre 1994 y 1996. Con anterioridad, entre 1992 y 1994, había ocupado el cargo de subdirector general de Turismo de la Generalitat. En esa época, el consorcio facturó 78,2 millones de pesetas por estudios del sector turístico de "dudosa utilidad", en expresión del juez instructor. El magistrado explicaba igualmente en un auto dictado hace un año que esos informes "no eran útiles y menos necesarios para los fines del organismo", en alusión al consorcio. Recordaba, además, que su contratación fue irregular y que parte de ese dinero sirvió para "regularizar o compensar deudas o irregularidades con el fisco" contraídas por Alexandre Betoret, el ex director del consorcio que precedió a Cogul.

Las empresas y UDC

Las empresas a las que se encargaron esos informes fueron, entre otras, Pasanger, Global Business, Socesca, todas ellas vinculadas a militantes de Unió Democràtica de Catalunya. Entre las personas beneficiarias de los informes figuran Víctor Lorenzo Acuña, ex cuñado del ex secretario de organización de UDC Josep Sánchez Llibre; Eugenio Guijarro, socio del primero, y Santiago Vallvé.

Durante su declaración, Cogul explicó que no tuvo relación personal ni con las personas ni con las empresas y defendió la necesidad de encargar esos estudios. "Todos los estudios tenían un uso, porque lo que se pedía era tener información", apuntilló. Al iniciarse la declaración, el juez instructor preguntó directamente a Cogul si la firma que aparecía encargando los estudios era la suya. La respuesta fue afirmativa, aunque minutos después y a preguntas de su defensa declaró que no era el único responsable y que existían otros altos cargos medios en el organigrama de la Generalitat que también debían autorizar esos informes. Más adelante, Cogul justificó, por ejemplo, los encargos sobre agroturismo aludiendo a que su departamento consideró que era un sector en alza, como se ha demostrado en los últimos 10 años.

Al acabar la declaración, Cogul pidió del juez que sólo tuviera que comparecer en su presencia cada cuatro meses, en lugar de cada dos como ocurre ahora, y dijo que ha sufrido una operación cardiaca. El fiscal se opuso al considerar que había "indicios de criminalidad y responsabilidad" de Cogul y que era él quien había provocado la situación que sufría "al irse a vivir al otro lado del planeta". El juez deberá decidir.