Atención médica a personas mayores

La promoción de la calidad en la atención médica es aparentemente un objetivo común a todas las políticas de planificación sanitaria. En España existen un millón y medio de personas mayores de ochenta años y se espera que para el año 2015 esta cifra alcance los dos millones doscientas cincuenta mil.

La atención médica especializada a esta población alcanza unas cotas de desarrollo claramente insuficientes. De la totalidad de los hospitales de la red pública con más de cien camas (y por lo tanto dotados de recursos de diferentes especialidades), solo el 27% cuentan con la especialidad de geriatría y en el 73% restante no se puede acceder a la misma. La distribución geográfica de estos recursos especializados de geriatría es muy desigual: Cataluña, Castilla-La Mancha y Madrid cuentan con la especialidad en la mitad de sus hospitales, mientras que en los del País Vasco y Cantabria es inexistente, y en Andalucía apenas alcanza al 8%.

Mientras el Parlamento Europeo (en resolución del 15 de enero del 2003) advierte del riesgo del deterioro de la calidad de los servicios sanitarios a las personas mayores e insta a los diferentes gobiernos a que tomen medidas preventivas sobre este problema, en España nos encontramos con la resistencia de la mayoría de las administraciones a la hora de potenciar la asistencia geriátrica y reconocerla como un derecho básico y fundamental de las personas mayores.

Frente al desarrollo de equipos de geriatría los esfuerzos de las administraciones se focalizan en la elaboración de proyectos de atención sociosanitaria que aun respondiendo a algunas necesidades contarían con recursos y prestaciones claramente limitados. Las enfermedades en los ancianos pueden ser múltiples y complejas, pero con frecuencia son recuperables, el manejo especializado de las mismas minimiza la dependencia.

Para otros, el desarrollo de los cuidados paliativos parece ser la solución a la falta de recursos especializados para las personas mayores. Si bien los cuidados paliativos son imprescindibles para una atención adecuada a los pacientes con enfermedades en fase terminal, cabría preguntarse si los casi dos millones de personas de más de ochenta años de nuestro país no apostarían también por el tratamiento especializado y de calidad de sus procesos respiratorios o cardiológicos y por las posibilidades de recuperación de sus fracturas de cadera.