A medida del PNV

La Mesa del Parlamento vasco aprobó ayer por mayoría admitir a trámite la propuesta de modificación de la Ley Electoral de Juntas Generales (Parlamento provincial, que elige a la Diputación) de Álava y Vizcaya. La propuesta fue presentada por PNV y EA, partidos que acaban de acordar ir en listas conjuntas. Si prospera, se modificarán las circunscripciones a fin de dar más peso a las comarcas rurales respecto a Vitoria, en un caso, y respecto a Bilbao y la Margen Izquierda de la Ría, en el otro.

El cambio favorecería en principio al PNV: con los mismos resultados de 1999, ese partido habría ganado en Álava un escaño más que el PP, a pesar de obtener menos votos, mientras que el PSOE habría tenido dos menos, y Batasuna, uno más. Es decir, que seguramente ahora habría una Diputación nacionalista, y no del PP con apoyo socialista, que es lo que hay. En Vizcaya, el único beneficiario sería el PNV.

Todo sistema electoral tiene ventajas e inconvenientes. Lo que no resulta admisible es cambiarlo en vísperas de unas elecciones, de acuerdo con las conveniencias del momento y en función de una mayoría coyuntural. Cualquier modificación de las reglas de juego debería ser el resultado de un consenso, con independencia de que la ley exija o no mayorías cualificadas.

Los nacionalistas aducen que también el sistema actual fue el producto de una reforma introducida en 1987 por una mayoría ocasional (PSOE, EE, EA). Es cierto, pero entonces se trató de aproximar el modelo al criterio un hombre, un voto, y ahora, de lo contrario: una contrarreforma sobre la marcha que distorsiona el criterio proporcional en favor de quien la propone.

Contra ese argumento, los nacionalistas invocan el hecho de que también existe distorsión en el Parlamento vasco, en el que Álava cuenta con la misma representación que Vizcaya, cuyo censo es casi cuatro veces superior. Pero fue precisamente el PNV quien en su momento defendió ese criterio de representación paritaria, a fin de evitar que se descolgara una provincia con menor tradición nacionalista. Y esa forma de representación quedó fijada en el Estatuto.

La reforma necesitaría para prosperar el apoyo de Batasuna, que lo ha condicionado a una negociación formal, posibilidad que el PNV no puede aceptar sin riesgos. El resultado final puede ser que no haya reforma y sí irritación de un sector del electorado urbano del PNV, tentado de ensayar en unas elecciones de rango inferior al autonómico el salto a otras formaciones. Sería un justo castigo al intento nacionalista de alterar las reglas de juego.