Dos de las firmas acusadas de seis muertes en el 'caso Ardystil' alegan que adoptaron precauciones

Dos de las empresas del caso Ardystil -síndrome laboral en fábricas de aerografía textil de Alcoi- esperaron al juicio para presentar nuevas pruebas sobre el cumplimiento de las medidas de salud laboral en los centros. Las firmas aportaron recibos de compra de un millar de mascarillas. La vista oral por estos hechos, que a principios de los noventa causaron seis muertes, comenzó ayer en la Audiencia de Alicante con pocas objeciones al sumario, cuya instrucción ha durado 11 años. En el banco de los acusados se sientan 10 empresarios y un inspector de Trabajo.

Ni una sola petición de nulidad de las actuaciones judiciales practicadas , ni tampoco ninguna impugnación. Las múltiples partes -siete acusaciones y una veintena de defensas- asumieron ayer el inicio de la vista oral sin apenas objecciones al sumario del denominado caso Ardystil, cuya instrucción ha durado 11 años. La excesiva dilatación de la instrucción, con sucesivas idas y venidas del sumario del juzgado de Alcoi al tribunal, la sección tercera de la Audiencia de Alicante, hacían preveer una prolija primera sesión de la vista oral, la dedicada a la presentación de nuevas pruebas y cuestiones previas. La previsión no se cumplió. Y la celeridad de la primera fase del juicio -uno de los de mayor envergadura de los celebrados en Alicante, tras el del motín de Fontcalent- motivó un adelantó del inicio de las declaraciones de los acusados, programadas para el jueves, a la jornada de hoy.

La defensa de dos de las firmas implicadas en los hechos, las empresas Aerotex y Aerografía Textil, presentaron nuevas pruebas, documentales y testificales. En el primer apartado, el letrado, José Miguel Garijo, aportó una serie de recibos y albaranes justificativos de la compra de 1.000 mascarillas, entre los años 1988 y 1992, para garantizar la seguridad de los trabajadores. "Con ello se demuestra que las empresas cumplían con la norma vigente en materia de seguridad y salud laboral y, por tanto, que los procesados no han incurrido en ninguna responsabilidad penal", dijo el abogado. Esta prueba fue estimada por la presidenta de la Sala, la magistrada Virtudes López, al no oponerse el resto de las partes.

Una acusación particular, en contra del criterio del fiscal, incluyó la imputación de un inspector de Trabajo, por supuesta negligencia al no haber detectado la falta de medidas para garantizar la salud laboral en las empresas afectadas por el síndrome laboral.

Una de las letradas de estas partes también solicitió la incorporación de una nueva prueba pericial para esclarecer el origen de la enfermedad, en concreto un estudio científico realizado por dos expertos. La Sala dará a conocer hoy su resolución sobre esta petición y otras de menor alcance.

El fiscal del caso, Ricar Cabedo, no movió un apice su calificación inicial, y mantiene la acusación a 10 responsables de ocho empresas de aerografía textil radicadas en Alcoi, Muro y Cocentaina, por los delitos de imprudencia temeraria y contra la seguridad de los trabajadores. La acusación pública solicita penas que oscilan entre uno y seis años de prisión para los acusados.

De acuerdo con la calificación inicial del fiscal, entre los años 1989 y 1992 en las empresas Ardystil, Aeroman, Aerografía Texil, Aeroreig, Aeroalcoy, Aerobrix y Boncolor, todas ellas dedicadas al estampado de tejidos, por falta de medidas de seguridad se produjo un síndrome laboral -en la mayoría de los casos afecciones pulmonares por inhalación de productos químicos- que causó seis víctimas mortales y un centenar de trabajadores afectados, aunque sólo se han personado 67 operarios.

Entre las irregularidades que, a juicio del fiscal, se detectaron en estos centros de trabajos destacan la falta de ventilación, la carencia de mascarillas para que los trabajadores se protegieran de las emaciones de los diferentes productos químicos que manipulaban y también de la ausencia de normas e indicaciones por parte de las empresas químicas sumistradores de los elementos. Tampoco se renovaban los filtros y se utilizaban para el secado de las piezas de tela estufas de leña o gasóleo.

Para la acusación pública, las insanas condiciones laborales de los centros de trabajo junto con los productos químicos empleados para pulverizar los tejidos con pistolas fue la causa de las enfermedades de los empleados, en seis de los casos con resultado de muerte. Los afectados contrajeron fibrosis pulmonar y bronquitis, neumonías y otra serie de patologías del sistema respiratorio, que obligó a transplantes pulmonares, como fue el caso de Susana Javaloyes.

El fiscal ha evaluado las consencuencias económicas para los afectados por el síndrome en algo más de cuatro millones de euros, cifra que, en concepto de indemnización, tendrán que abonar tres de las empresas textiles, otras tantas firmas químicas sumistradoras de los productos, entre ellas la multinacional Bayer, y cinco empresas aseguradoras. Todas ellas como responsables civiles subsidiarias.