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Cajasur recurrirá a los tribunales la resolución que declara ilegal la póliza de Castillejo

La consejera de Economía insta a la entidad a "restituir" la legalidad en un plazo de 20 días

Cajasur anunció ayer la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Consejería de Economía que ha declarado ilegal la póliza de 2,9 millones de euros del presidente de la entidad cordobesa, el sacerdote Miguel Castillejo. El director general adjunto a la Presidencia de Cajasur, Diego Jordano, arremetió ayer contra la resolución y negó validez a todo el proceso ya que, en su opinión, la entidad está bajo tutela del Ministerio de Economía tras acogerse a la Ley Financiera. La consejera de Economía, Magdalena Álvarez, instó a la caja a restituir la legalidad en un plazo de 20 días. En caso contrario, la Junta abrirá a Cajasur un expediente sancionador.

Álvarez firmó el lunes la resolución que pone fin al expediente informativo que abrió la consejería al conocerse la existencia de la póliza. Los servicios jurídicos de la Junta dictaminaron que esta renta supone en la práctica una indemnización, una figura prohibida por la Ley de Cajas de Ahorro, aprobada en 1999.

Cajasur presentó alegaciones contra el dictamen de los servicios jurídicos autonómicos en las que aseguraba que esta renta es un "complemento de pensión" a la pensión de jubilación de Castillejo y pidió que se archivaran las actuaciones, petición que fue desoída por la Junta.

La resolución resuelve definitivamente que la póliza "contraviene" la normativa autonómica sobre retribuciones e indemnizaciones de los presidentes ejecutivos y da a la entidad cordobesa un plazo de 20 días para "restituir la legalidad", esto es, la anulación de la póliza. El incumplimiento de esta decisión de la Consejería de Economía puede suponer la comisión de una infracción muy grave por parte de la caja y de su presidente, según los análisis de la Administración autonómica.

Cajasur suscribió esta póliza, el 21 de septiembre de 2001, con la aseguradora Caser y supuso a la caja un desembolso de 2,9 millones de euros. El seguro garantiza a Castillejo una renta vitalicia de al menos 213.000 euros anuales cuando abandone la caja. La mitad de esta renta la heredarán sus cuatro hermanas, sucesivamente y de mayor a menor hasta el fallecimiento de la última.

La entidad cordobesa recibió a última hora de la mañana de ayer la resolución de la consejera de Economía y, a las pocas horas, anunció la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Jordano censuró ayer la resolución de Economía, que, en su opinión, contiene numerosos "errores" y es una "barbaridad". "Se está pidiendo que se declare nulo un contrato civil", dijo. Además, la caja cordobesa mantiene la tesis de que tras acogerse a la Ley Financiera, auspiciada por el Gobierno del PP, la Administración autonómica carece de competencias sobre la entidad y que, por tanto, todo el proceso relacionado con la póliza es nulo.

De hecho, Cajasur espera que cuando el Ministerio de Economía apruebe los nuevos estatutos de la caja, que está estudiando en estos momentos, también haga un pronunciamiento que defina el marco competencial sobre la caja cordobesa.

Álvarez aseguró ayer que Cajasur tiene 20 días hábiles para "restituir la legalidad" y que en caso de que la entidad no atienda el requerimiento de la consejería, hay previstos mecanismos como la apertura de un expediente sancionador y "de acuerdo con lo que se concluya se tomarán decisiones", informa Efe.

Más contundente fue el presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido (PSOE), quien valoró la póliza "como éticamente reprobable" y "para colmo, como ilegal". A juicio del presidente de la Diputación, que defiende sus derechos como cofundadora de Cajasur, en contra de las tesis del presidente de Cajasur, "lo mínimo que tiene que hacer Castillejo es devolver el dinero de todos los cordobeses porque lo tiene ilegalmente y para su aprovechamiento personal".

Tras recibir la resolución, Cajasur también hizo público un comunicado en el que acusa a Álvarez de no actuar contra el presidente de otra caja de Andalucía, del que no facilita su identidad, de quien dice que tiene a su favor una póliza de 7,8 millones de euros, "lo que supone tres veces más que la de Castillejo".

Además, la caja aduce que al estar acogida a la Ley Financiera como consecuencia de ser fundada por la Iglesia católica, la Junta ya no tiene competencias sobre ella. "Esta acreditación produjo un cambio radical de competencias sobre Cajasur, ya que en virtud de la Ley Financiera, el Ministerio de Economía asume la mayor parte de las competencias que anteriormente correspondían a la Junta", dice la nota, que añade: "Con este cambio de status, todas las actuaciones de la Junta producidas con posterioridad al 2 de diciembre

son nulas de pleno derecho".

La entidad añade, además, que ha presentado otro recurso para que el TSJA se pronuncie en el plazo de diez días sobre la "ilegalidad" de la inspección que desde el pasado mes de octubre inspectores de la Junta, auxiliados por la empresa KPMG, realizan en Cajasur y paralice por tanto todo el procedimiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de febrero de 2003