Condenados los dueños del barco y un concejal por el naufragio de Banyoles

Las responsabilidades por el naufragio del catamarán turístico L'Oca, que el 8 de octubre de 1998 causó la muerte a 21 jubilados franceses en el lago de Banyoles (Pla de l'Estany), han alcanzado por igual a los propietarios del barco, Bartomeu Gayolà y Simón Rodríguez, y al ex concejal de Urbanismo de la ciudad Josep Alsina. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Girona les condena a dos años y seis meses de cárcel y a responder solidariamente -hasta donde no lleguen las aseguradoras y el consistorio- a indemnizaciones que se sitúan en torno a los tres millones de euros.

Los tres condenados recurrirán contra la sentencia, que implica el presidio, aunque no se ejecutará hasta que la Audiencia de Girona reciba los recursos y emita su veredicto. El fallo definitivo podría tardar dos meses. Según la sentencia dictada por la juez Elena Mercado se les considera responsables por imprudencia grave de 21 delitos de homicidio, 22 de lesiones y 9 faltas de lesiones. Los dos años y medio de cárcel son el grado mínimo de condena por estos delitos. El fiscal pidió cuatro años de prisión.

En la sentencia se rechaza que exista conflicto de competencias con la Marina Mercante: " es la única Administración competente para autorizar la navegación en estas aguas continentales excluidas, por su naturaleza jurídica, del dominio público hidráulico". El Reglamento de Actividades del Estany (RAE), dictado por el Ayuntamiento, "es el ordenamiento que rige todas las actividades que se realizan en el lago y su entorno".

Deberes elementales

La juez mantiene que el edil Alsina omitió "la comprobación y el control de los extremos exigidos en el RAE" e infringió "los más elementales deberes de cuidado". La sentencia acusa al edil de no comprobar si Simón Rodríguez tenía el título para navegar y no condicionar la sustitución de la barca antigua por la que acabó naufragando a tres circunstancias: la aportación de la documentación de la Marina Mercante, la comprobación de que el barco proyectado coincidía con el que se construyó y la presentación de una póliza de seguros.

Basándose en el informe de los peritos navales, la sentencia sostiene que el naufragio se produjo por la "simultánea coincidencia" de la apertura de rejillas de ventilación en la popa -cerca de la línea de flotación-, el exceso de calado originado por el sobrepeso del motor y las baterías, y la comunicación entre los compartimentos estancos del interior del casco.

La juez establece que la ventilación convencional se rechazó "por estética" y porque "cada uno de los cuatro manguerotes le restaría espacio para una silla". Los propietarios ordenaron realizar los fatales agujeros de popa para ventilar las baterías, que pesaban el doble de lo previsto. Cuando se dieron cuenta de que estas aperturas de ventilación suponían -por el mayor calado del barco- "una peligrosa y evidente vía de agua", optaron por lastrar con agua los compartimentos de proa. A tal fin, "fueron eliminados casi en su totalidad los mamparos", que deben ser estancos por "expresa disposición legal".

A los propietarios les achaca que, en vez de encargar a un astillero la construcción del barco en su totalidad, contrataran por su cuenta a diferentes profesionales. Según la sentencia, "decidieron construirse una nueva embarcación" pese a carecer de "capacitación profesional, técnica y legal" para ello.La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Girona, Elena Mercado, sostiene que la mañana del naufragio el piloto de la embarcación, Bartomeu Gayolà, debió realizar una maniobra brusca de desatranque porque la sobrecarga de pasaje -141 viajeros en lugar de los 80 permitidos- provocó "un cierto varamiento de la nave" en el fondo. El piloto, según la sentencia, "hizo caso omiso de esta señal de alerta prescindiendo de la elemental precaución de recorrer unos metros hasta la popa y echar un vistazo al nivel de agua...". La sentencia alude también a la falta de anclaje de las sillas en cubierta, que tuvo el efecto de aprisionar a los pasajeros, y a la falta de salvavidas.

Los propietarios de L'Oca, Bartomeu Gayolà y Simón Rodríguez, no podrán navegar por el lago de Banyoles durante la condena y el ex concejal Josep Alsina no podrá desempeñar ningún cargo público. La juez ordena asimismo que el catamarán sea vendido en subasta pública y la cantidad obtenida se destine a indemnizar a las víctimas.

La sentencia cayó como un jarro de agua fría sobre el Ayuntamiento de Banyoles. El alcalde, el republicano Pere Bosch, la calificó de "agresión" a la ciudad y al municipalismo en general. Bosch fue más lejos y aseguró que las indemnizaciones que deberá sufragar el consistorio como responsable subsidiario -en torno a un millón de euros- podrían suponer "la quiebra de la hacienda municipal".

Llamamiento a la lucha

Bosch hizo un llamamiento a la lucha corporativa y aseguró que imputar a los responsables municipales más allá de donde alcanzan sus competencias supone un precedente gravísimo. El que era alcalde en el momento del naufragio, Joan Solana, aseguró que se había cometido un "error judicial" que deberá ser subsanado.

La federación del PSC de las comarcas de Girona también considera injusta la condena del concejal Josep Alsina y mantiene que en la sentencia no se exponen pruebas suficientes para condenarle penalmente. Los socialistas confían en que la Audiencia no dejará "desamparada" a la Administración local ante una responsabilidad penal que, en su opinión, no existe.

Buena parte de las acusaciones particulares, que reclamaban indemnizaciones que cuadruplicaban las que ha concedido la juez, apuntaron ayer que no recurrirán. La juez ha tomado los mismos baremos que en los casos de muertes y lesiones por accidentes de circulación. Los pasajeros que perdieron a su cónyuge cobrarán unos 105.000 euros. Bruno Guyon, portavoz de las víctimas, dijo ayer que la sentencia le parecía "un toque de atención importante" para evitar otras tragedias parecidas.

Por su parte, Simón Rodríguez se declaró "muy sorprendido" por su condena y reiteró su confianza en que la Audiencia "tenga en cuenta las pruebas que se aportaron en el juicio". Su letrado, Carles Monguilod, apuntó ayer la posibilidad de pedir un indulto al Estado si la Audiencia ratifica la sentencia, puesto que entiende que la prisión no está pensada para personas como su cliente.