La libertad de expresión económica

La noticia de que el Servicio de Estudios del BBVA va a trabajar a partir de ahora de puertas adentro y que suprimirá algunas de sus publicaciones -independientemente de las razones reales por las que ha abandonado su dirección el excelente economista Miguel Sebastián- es mala para los que utilizaban sus datos y análisis para las investigaciones y para tener una visión complementaria de la economía a la que dan los organismos gubernamentales.

Además, los servicios de estudios de los bancos Bilbao, Vizcaya y Argentaria (y su prehistoria, el Banco Exterior) -es decir, de las entidades previas al actual BBVA- han sido a lo largo de las últimas décadas uno de los principales atractivos de estas instituciones privadas, que las hacían superiores a las de la competencia. Por sus despachos pasaron algunos de los economistas y políticos que más han influido en el tardofranquismo, la transición y los años de la normalidad democrática. Hace unos meses, el otro gran banco español, el SCH, también sumergió su servicio de estudios, y su director Fernando Fernández abandonó el puesto. Otra pérdida, teniendo en cuenta que en esas siglas está incorporada, entre otras, las del antiguo Hispano Americano, cuyo servicio de estudios también tuvo un gran protagonismo en el pasado por la calidad de sus informes.

Los tiempos de los servicios de estudio de los bancos Urquijo, Hispano, Bilbao, Vizcaya, Exterior, en cuanto referentes teóricos de la práctica económica, han pasado a mejor vida. En este sentido, los economistas y, más en general los ciudadanos, hemos perdido libertad de expresión en el terreno de la economía. Esta nueva realidad se puede analizar desde dos puntos de vista: el de la reducción de costes en la banca, cada vez más atenta al negocio principal, y el de la incomodidad que muchos de los análisis que se producían en su seno despertaban en los poderes públicos.

Sospechar esta segunda opción no está de más. En la conferencia de inauguración del curso de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid/EL PAÍS el pasado jueves, el director general de la SER, Daniel Gavela, alertaba de esa secuencia tenue que hace que la información devenga en propaganda, y de la imposibilidad en muchas ocasiones de repreguntar a los políticos en sus conferencias de prensa. Algo similar pasa en el mundo de la información económica. Es factible enterarse del apoyo de Emilio Botín al presidente Lula (porque le interesa); pero no de conocer su opinión respecto a la posición española en la guerra de Irak, porque "no soy político". Francisco González, presidente del BBVA, dijo en la presentación de los resultados de la entidad que la salida de Miguel Sebastián, de 45 años, era similar a la de otros directivos. Pero Sebastián había tenido problemas en el pasado (julio de 2001) cuando el servicio de estudios que dirigía se manifestó muy cercano a la reforma fiscal que proponían los socialistas sobre el tipo único en el IRPF (por cierto, ¿qué fue de ella?). En aquel momento, el Gobierno del PP trató de averiguar los nombres de los economistas, analistas y técnicos del Banco de España, el Consejo Económico y Social o el Tesoro que participaban en los grupos de reflexión propiciados por el PSOE. Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro descalificaron al servicio de estudios del BBVA y su entonces presidente, Emilio Ybarra, hubo de entrevistarse con José María Aznar.

Dos años antes, en julio de 1998, Julio Segura, prestigioso economista de ideas progresistas, fue destituido como director de la Fundación Empresa Pública, dedicada a la investigación económica. El entonces ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, declaró de modo paladino que Segura nunca había compartido la política del Gobierno respecto al sector público y que, en concreto, se había mostrado contrario a la privatización de las empresas públicas.

Estas deserciones reducen el ámbito del debate en la sociedad civil. Menos mal que todavía queda el Servicio de Estudios del Banco de España. Aunque sea público.