Vizcaya da a Europistas el peaje de la A-8 aunque su oferta era la más cara

El tramo vizcaíno de la A-8, cuyo peaje pasará a manos públicas el 6 de junio, será explotado desde esa fecha por la actual concesionaria privada, la empresa Europistas. Un consorcio, que incluye también a cuatro constructoras, ha logrado la explotación del peaje durante los próximos diez años. La Diputación vizcaína ha elegido su oferta frente a la de la concesionaria de la otra autopista vasca, la A-68, pese a resultar 8,5 millones de euros más cara. "Se ha elegido por criterios de calidad y seguridad", dice un portavoz. En Guipúzcoa está pendiente la adjudicación.

Las diputaciones vizcaína y guipuzcoana son las titulares de la A-8 (Bilbao-Behobia) desde hace tres años, pero la concesión privada del peaje se mantiene hasta el 5 de junio. Ambas instituciones han decidido mantener el cobro, aunque lo denominan canon de uso, que se reducirá a la mitad del precio actual. Además, se ha apostado por subcontratar a una empresa privada para que gestione la explotación del nuevo peaje y el mantenimiento de la autopista.

Vizcaya resolvió ayer el concurso impulsado este verano, a cuya fase final habían llegado dos empresas: el grupo encabezado por Europistas, que incluye a las constructoras Balzola, Enrique Otaduy, Eraiker y Pavisa, y Avasa, la concesionaria de la autopista Vasco-Aragonesa. La ganadora, Europistas, había propuesto que la Diputación le abonase 64,26 millones durante los diez años de explotación, mientras que Avasa presentó una propuesta de 55,65 millones.

La sociedad foral vizcaína Interbiak, creada en mayo pasado para encargarse del peaje y la construcción de nuevas carreteras en el área metropolitana, ha elegido a Europistas por los servicios que ofrece. "El grupo adjudicatario, una empresa con gran experiencia en el sector, cumple con todos los estándades de calidad establecidos por Interbiak para gestionar con eficacia la autopista", aseguró ayer la sociedad foral.

Nuevo telepeaje

Entre los servicios ofrecidos por Europistas, destaca la renovación de las áreas de peaje, que tendrán nuevas marquesinas, cabinas y vías de acceso; la implantación de sistemas inteligentes de información de tráfico que "permitirá también recolectar datos así como ofrecer un servicio directo de información al ciudadano" y las modificaciones en el sistema de cobro.

La propuesta de Europistas plantea un nuevo telepeaje -el sistema para atravesar las áreas de control sin detenerse- denominado "pista" y que cumple una normativa comunitaria. "Lo han aprobado todas las concesionarias de Europa y permite al usuario utilizar la tarjeta en cualquier autopista europea", afirmó un portavoz de Interbiak. La oferta ganadora incluye un compromiso de renovar todas estas instalaciones dos años de que en 2013 expire el contrato.

El sistema de explotación supone que la sociedad foral Interbiak recibirá íntegramente los ingresos del canon de la A-8 y, con ello, pagará a la adjudicataria. La cifra de 64,26 millones de euros se abonará durante los próximos diez años, aunque tendrá unos baremos que pueden modificarla al alza o a la baja. Para el primer año del contrato, que entrará en vigor el 6 de junio, se calcula que la Diputación pagará cerca de 8 millones de euros. Interbiak no ha difundido las estimaciones de ingresos anuales, aunque un estudio elaborado hace tres años hablaba de 24 millones anuales de facturación en la Bilbao-Behobia si el peaje actual se reducía a la mitad.

El contrato establece parámetros sobre baja accidentalidad, ausencia de colas en los peajes, rápida asistencia en accidente y adecuada conservación de la autopista. Si se incumple lo establecido, Europistas sufrirá penalizaciones en el cobro por la explotación.

La Diputación de Vizcaya aún no ha concretado la cantidad que se cobrará, aunque se ha barajado la cifra de cinco céntimos de euro por kilómetro. Guipúzcoa si lo ha definido -siete céntimos de euro- y ambas instituciones tienen también pendiente de firmar un convenio para que el usuario no note diferencias en los dos tramos provinciales.

La Diputación guipuzcoana debe también elegir la adjudicataria de la gestión, donde existen tres ofertas (Europistas, Avasa y Dragados) que han pujado en torno a los 150 millones de euros por diez años.