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La Junta de Jueces muestra su apoyo a la magistrada del 'caso CPV'

La instructora está siendo investigada por el Consejo del Poder Judicial

La Junta General de Jueces de Madrid expresó ayer su "pleno apoyo" a la magistrada del caso CPV, Coro Monreal, sobre la que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido al Servicio de Inspección un informe tras la queja de los abogados de varios afectados que denuncian indefensión en este caso. La juez había dejado en libertad a los cuatro detenidos sin que los abogados de la acusación conocieran los escritos de la defensa.

La vía judicial del caso CPV (una presunta estafa cometida por la promotora CPV a 1.200 personas que entregaron 18.000 euros de media para un piso en los nuevos barrios) se enreda.

El CGPJ reclamó el pasado diciembre un informe sobre la actuación de Monreal, titular del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, una vez que la Comisión Permanente estudiase el escrito enviado por seis abogados de la acusación en el que lamentaban que "las actuaciones son prácticamente secretas para la acusación particular".

La Junta, indica en un comunicado, ve inadecuado que el CGPJ, al margen de la información que vea preciso recabar, no se pronuncie de forma inmediata "en defensa de la garantía esencial al ejercicio de la jurisdicción, recordando el obligado respeto a las decisiones judiciales en el curso de un proceso en trámite y la posibilidad que el sistema legal ofrece a las partes de intentar y, en su caso, obtener su modificación a través del cauce de los recursos".

Según recuerdan, entre las funciones del CGPJ se encuentra la "trascendental" de velar por la independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Los letrados Pedro López Arias, Luz Almeida Castro, Juan Ignacio Ortiz de Urbina, Francisco M. Albarrán Soriano, Amparo Sánchez y Luis Miguel de Diego pidieron amparo ante el Colegio de Abogados de Madrid, que lo remitió al CGPJ, el órgano competente para investigar la actuación de los jueces y magistrados.

En el escrito, los letrados mencionados consideran que "esta situación de indefensión está dando lugar a la nulidad de las actuaciones judiciales" y se quejan de que se les "notifican únicamente las decisiones del juzgado mediante autos o providencias, pero sin que se nos dé traslado ni vista de los escritos presentados por la defensa". "Las diligencias se nos notifican el día de antes de su práctica, y, cuando concurrimos a su celebración, descubrimos que se han celebrado el día anterior, por ejemplo, la ratificación o aceptación del cargo de peritos", además de adquirir la firmeza de la resolución dejando sin contenido la vía del recurso.

Los cuatro detenidos por la presunta estafa de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) fueron puestos en libertad condicional sin fianza el pasado mes de diciembre por la juez que instruye el caso, con la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.

Habían ingresado en prisión el pasado mes de noviembre como presuntos autores de un delito de estafa a 1.200 familias, que habían dejado una señal para la compra de viviendas en los nuevos barrios del norte de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de febrero de 2003